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El Senado de la República pidió al Ejecutivo federal que suscriba los convenios necesarios para que los municipios no contemplados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y que colinden con los que sí fueron incluidos, sean los proveedores del 30 por ciento de los bienes incluidos en la canasta de alimentos para abatir la desnutrición.

Asimismo, hizo un llamado a las dependencias, entidades y organismos federales a que diseñen esquemas que permitan fortalecer a las pequeñas y medianas empresas que se ubican en las localidades no contempladas en dicho Sistema y en donde trabajen mujeres solas, indígenas y en situación de violencia.

Al presentar el punto de acuerdo, que fue aprobado de forma urgente, la senadora panista Gabriela Cuevas Barrón destacó que en esa estrategia quedaron “muchos municipios que sufren pobreza extrema y que tienen un índice de rezago social mucho mayor de los que sí se incluyeron”.

Por ello, explicó, la idea es que las diferentes instancias del Gobierno federal que instrumentan la Cruzada contra el Hambre participen en la creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas que se ubican en los “municipios satélite”.

Lo anterior, precisó,  mediante la inyección de capital, la capacitación y coordinación interinstitucional, así como el apoyo a mujeres solas, indígenas y en situación de violencia para facilitar la comercialización de sus productos.

Dijo que el objetivo de este exhorto es “anclar el potencial productivo de los municipios que quedaron fuera, especialmente de aquellos que están alrededor de los que sí están contemplados”.

Su compañera de bancada, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa consideró que se trata de una propuesta “creativa  y constructiva” que permitirá a las mujeres del campo organizarse y  compartir responsabilidades.

Al respecto, el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo refirió que según el Coneval son 28 millones de mexicanos los que se encuentran en pobreza alimentaria y “el gobierno de la República está pensando en atender a 7.2 millones de mexicanos en esta condición”.

En su opinión, no se podrá corregir el problema del hambre en el país si seguimos dependiendo de las importaciones de alimentos, por lo que se debe insistir en medidas institucionales que detonen el desarrollo social del campo.

 

 

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