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Senadoras del PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para ampliar la representación política de la mujer en el Congreso de la Unión y evitar que los partidos políticos incumplan con la cuota de género.

Al presentar el proyecto, la senadora panista Marcela Torres Peimbert mencionó que se busca reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de obligar a los partidos y coaliciones a que el 45 por ciento de sus candidaturas para el Senado y la Cámara de Diputados estén conformadas por mujeres.

Dijo que para evitar que alguno de los géneros esté “subrepresentado” en cualquiera de las dos cámaras, se requiere que las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral se integren por candidatos, propietario y suplente, del mismo género, en el número suficiente para lograr la paridad.

Torres Peimbert expresó que a pesar de que las mujeres son más del 50 por ciento de la población, “en las cámaras del Congreso de la Unión apenas ocupamos por encima de un 30 por ciento los curules y escaños”.

Consideró que “existe una incapacidad de los partidos políticos para garantizar la justicia de las mujeres” y sólo en las pasadas elecciones fueron varios los intentos para no cumplir con la cuota de género que marca la ley.

Con ello, enfatizó la legisladora de Acción Nacional, se reitera que dichas cuotas no sólo son necesarias sino que también requieren de constante evaluación y actualización.

Aunque hay mujeres con recursos personales, intelectuales, de conocimiento, preparación, habilidades sociales y que defienden causas justas, subrayó, “es difícil el acceso a la política para representar a nuestra población”.

Afirmó que el reconocimiento a la ciudadanía plena a la mujer --simbolizado en el derecho cívico a votar y ser votada-- es uno de los primeros pasos que se dieron en la construcción de una democracia, pero esa lucha “no podemos darla por concluida”.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.

 

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