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• Senadores coinciden en que se tiene que garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión.
Activistas, académicos y especialistas advirtieron de la existencia de una política comunicacional de “grupos ilegales” que no sólo aterroriza a periodistas sino también a ciudadanos, así lo expusieron en la audiencia pública sobre protección a periodistas --que se realizó en el Senado.
La reunión tuvo como objetivo intercambiar opiniones sobre la iniciativa que se prepara para regular la atracción, por parte de la Federación, de los delitos cometidos en contra de informadores e instalaciones de medios de comunicación.
Al respecto, los especialistas señalaron que la reforma no servirá para combatir este problema si no se tipifican las agresiones contra la libertad de expresión y si no se especifican los supuestos bajo los cuales la Procuraduría General de la República podrá atraer las investigaciones.
En su exposición inicial, Mariclaire Acosta Urquidi, directora de Freedom House México, advirtió que “el grave problema” para el ejercicio de la libertad de expresión no sólo alcanza a periodistas y medios de comunicación, pues la censura y represión comienzan atacar también a usuarios de redes sociales.
Es evidente--dijo-- que existe una política comunicacional de grupos ilegales “que no sólo aterroriza a periodistas sino también a los ciudadanos”, ya que dos twitteros han sido asesinados en Tamaulipas y en estos días hemos sido testigos de amenazas a el autor de un blog de Twitter y Facebook.
Por otro lado, mencionó que la violencia contra periodistas e informadores tiene el efecto pernicioso de atentar contra la libertad de expresión, que es fundamental para asegurar la gobernabilidad, la convivencia civilizada, la seguridad de las personas y comunidades, por lo que sin derecho a la información no puede haber paz.
A su vez, Darío Ramírez, director de ARTICLE 19 en México y Centroamérica, indicó que de 2009 a 2012 se registraron más de 700 agresiones como homicidios, desapariciones, ataques violentos a instalaciones de medios --y como fenómeno de reciente aparición--desplazamientos forzados de periodistas.
Para el académico las cifras son “contundentes y preocupantes” porque el 50 por ciento de las agresiones provienen de agentes estatales, lo que hace “plausible atribuir la impunidad de la mayoría de estos casos a la autoridad que permite o genera los ataques contra la libertad de expresión y hace inaccesible la justicia a las víctimas”.
Opinó que esa “precaria situación” no se resolverá con la atracción de la Federación de este tipo de delitos, pues esta facultad se vislumbra discrecional hasta que no se aprueben las reformas a la legislación secundaria donde se tipifiquen los agresiones contra la libertad de expresión o especifiquen los supuestos bajo los cuales la PGR podrá atraer los casos para su investigación.
En tanto, el investigador Ricardo Sepúlveda manifestó que estos delitos son uno de los más graves problemas que se viven actualmente y que afectan el Estado de derecho en México.
Ante este panorama --subrayó-- la aprobación de la reforma del artículo 73 constitucional fue un gran avance, sin embargo para que este cambio sea efectivo es necesario que se hagan las enmiendas a la legislación secundaria correspondiente.
En este sentido, consideró que los cambios que se realizarán al marco legal deben tener tres objetivos fundamentales: regular los supuestos de atracción de la Federación, fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y establecer a esta garantía como bien jurídico tutelado por la norma penal.
En su turno, Santiago Corcuera destacó que si no se aprueba la legislación reglamentaria, la Procuraduría General de la República no podrá ejercer la facultad de atracción de los delitos cometidos contra periodistas, como lo establece el artículo 73 de la Constitución, por lo que se pronunció porque esta iniciativa “se avale lo más rápido posible”.
Sobre la propuesta de los senadores, comentó que no debe considerarse que por la reforma al Código Penal se federalizan todos los delitos contra periodistas, pues su principal objetivo es regular la facultad de atracción de la PGR y no que todas las agresiones contra comunicadores deban ser conocidas por dicha dependencia.
Asimismo, hizo un llamado para la legislación secundaria sea integral y se modifiquen todos los ordenamientos para concretar la reforma constitucional, ya que “de nada serviría que se aprobara la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República sin que también, y al mismo tiempo, se reforme el Código Federal de Procedimientos Penales”.
Para Lucía Lagunes la ausencia de la perspectiva de género dentro de las leyes e instancias de investigación de delitos contra comunicadores “ha victimizado a las mujeres periodistas, al desacreditar sus denuncias bajo argumentos sexistas como crimen pasional y al disminuir la importancia de su trabajo periodístico”.
La reportera expresó que las mujeres periodistas han sido excluidas de la investigación por omisión, al no presentar las cifras desagregadas por sexo ni las formas de violencia enfrentadas por ellas.
Ante este panorama, consideró indispensable agravar las penas cuando la víctima del delito que se cometa contra periodistas sea una mujer o concurran razones de género para efectuarlo.
En opinión de Alan García, consultor Jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, “se está llegando tarde” a estas reformas “en la medida de que estamos hablando de más de 70 periodistas asesinados” y de que el plazo constitucional para fortalecer su protección ha vencido.
Dijo que una de las medidas más importantes recomendadas por los organismos internacionales de derechos humanos para combatir la violencia y la impunidad es permitir que las autoridades federales conozcan de los crímenes que atentan contra la libertad de expresión.
Para ello, precisó, es indispensable fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y se le reconozca la competencia que actualmente tiene para conocer asuntos federales, así como todas las atribuciones que se derivan del artículo 73 de la Constitución.
Posteriormente, en la ronda de preguntas y respuestas el senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que las circunstancias a las que se enfrentan los profesionales de la comunicación “muchas de las veces tiene que ver con agresiones desde la propia autoridad local” y se le encomienda a esos funcionarios la investigación y persecución de esos delitos.
En este sentido, reconoció, “debimos de haber federalizado o pensado mejor la federalización” de los delitos cometidos contra periodistas “y lo que hicimos fue establecer una cláusula de atracción por parte de la Federación”.
La senadora priista Graciela Ortiz González preguntó qué mecanismos se pueden implementar para evitar que, a través de la atracción de delitos, se vulneren los principios del Pacto Federal, se utilice con propósitos políticos o para desacreditar el trabajo de los ministerios públicos locales.
También del PRI, el senador Miguel Romo Medina dijo que es necesario proporcionar todos los elementos necesarios para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, pues una sociedad informada es más prospera.
Por su parte, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez comentó que es necesario concretar un marco jurídico que garantice que “las y los” periodistas puedan gozar de un Estado de derecho que hoy es menoscabado por la anulación de principios constitucionales.
El también senador perredista Benjamín Robles Montoya manifestó que para concebir un Estado democrático se tiene que garantizar la libertad y la igualdad, pero los atentados a la vida y a la expresión que se viven en México contradicen dichas premisas.
En sus respuestas, Dario Ramírez consideró que en el Código de Procedimientos Penales se deben precisar cuáles son los supuestos para que la Federación atraiga este tipo de delitos.
A su vez, Marie Claire Acosta comentó que no todas las redes sociales garantizan el anonimato absoluto y siempre hay manera de investigar esas amenazas, siempre y cuando se disponga del instrumental técnico adecuado por ello.
En su oportunidad, Alán García consideró pertinente establecer los elementos que permitan una debida diligencia como la oportunidad, competencia, imparcialidad, exhaustividad, participación de las víctimas y de sus familiares.
Por otro lado, Santiago Corcuera advirtió que imponer la obligación de la Federación para atraer las investigaciones de este tipo “sería un atentado absoluto a la función de los ministerios públicos de los estados”.
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