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En la presentación del documental Voces del Subterráneo, la senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, lamentó que a siete años del siniestro, donde fallecieron 65 personas, “no se haya logrado la justicia” que reclaman los afectados.
Sin embargo, agregó, en la Cámara de Senadores se dará continuidad a los trabajos de la Legislatura anterior y esperemos que nos dé tiempo de lograr los consensos necesarios para que se alcance la justicia.
La legisladora perredista destacó que a diferencia de otros accidentes similares, la tragedia de Pasto de Conchos “por desgracia” no ha tenido la misma respuesta de las autoridades.
En su turno, el senador Ernesto Ruffo Appel, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, expresó: “Tenemos que buscar cómo resarcir y compensar en lo posible” el daño que se provocó a las víctimas y a sus familiares.
Para ello, solicitó el apoyo de la organización Familia Pasta de Conchos (FPC) para promover una ley que mejore las condiciones de seguridad, trabajo e ingreso de los trabajadores mineros.
Su compañera de bancada y titular de la Comisión Especial de Cambio Climático, Silvia Guadalupe Garza Galván, advirtió que si continúa la explotación de los llamados “pocitos” “se va a seguir muriendo gente”.
Por ello, dijo, se solicitó a la Secretaria de Gobernación un grupo de trabajo para atender las tareas pendientes de Pasta de Conchos y retomar el articulado que “fue mutilado de la reforma laboral” para regular la extracción de carbón.
En tanto, el senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien encabeza la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, llamó a revisar de manera integral la legislación que regula al sector, porque “no sólo estamos frente a un fenómeno de sobre-explotación inhumana, con pésimas condiciones laborales sino ante una política de entrega de los recursos naturales”.
Advirtió que esta semana se dio a conocer “que se va a concesionar cerca del 70 por ciento del territorio de Oaxaca para actividades mineras… están saqueando, denunció, los recursos naturales del país sin ningún beneficio para México”.
A su vez, María Trinidad Cantú, presidenta de FPC, mencionó que ya son siete años de impunidad, pues las autoridades “no resuelven nada”, la región carbonífera de Coahuila se encuentra en una situación complicada y los mineros “siguen muriendo”.
Se pronunció por rescatar los restos que aún se encuentran en el lugar de la explosión, pero también a los trabajadores que continúan laborando en condiciones “terribles”, porque ya no queremos seguir soportando las situaciones en las que se encuentran.
En su intervención Cristina Auerbach, representante de la organización, advirtió que después del siniestro del 19 de febrero de 2006, han muerto 94 personas en minas, plantas de beneficio y transporte de carbón, pero todos han sido rescatados, menos los de Pasta de Conchos.
Dijo que de las 71 empresas que auditó el gobierno de Coahuila, 32 no pudieron ser inspeccionadas porque la información que proporcionaron es falsa, nueve ni siquiera tienen registro patronal, 23 no tienen trabajadores registrados en el IMSS y 38 muestran cuando menos una regularidad grave, pero la administración estatal les pretende renovar o reasignar contratos de carbón.
Además, 37 de estas empresas ya fueron sancionadas por no cumplir con las normas de seguridad e higiene, “es decir que sólo dos de las 71 empresas que se supone auditó la administración estatal cumplen medianamente con la regulación”.
Esto explica por qué a pesar de que hay 94 fallecidos después de la explosión en la mina 8 de Pasta de Conchos “jamás el gobierno de la entidad ha dictado una sentencia condenatoria contra nadie” y esto es porque “el gobierno de Coahuila controla los contratos con la Comisión Federal de Electricidad” para el suministro del mineral.
Para terminar, señaló que es urgente rescatar a los cuerpos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero también a la región carbonífera, pues suministra el acero para generar el desarrollo del país.
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