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La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres presentó a las Comisiones de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género del Senado de la República, el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres.
Su objetivo es indagar en contextos determinados la vinculación entre la subordinación y la exclusión de las mujeres con la violencia sistémica contra ellas, además de explorar la manera en que la creciente violencia social asociada a la ola de inseguridad y criminalidad de los últimos años, se expresa o repercute en la violencia contra las mujeres.
En el reporte se destaca que la violencia homicida y feminicida en el país no baja cuando lo hacen los homicidios en general, lo que representa que la fuente de la violencia en contra de la mujer tiene un origen propio basado en la discriminación.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, quien encabeza la Comisión de Derechos Humanos subrayó que con el estudio se permite definir reformas legislativas pendientes en el ámbito local y específicamente acciones gubernamentales y políticas públicas para revertir el incremento de la violencia contra la mujer.
Al respecto, enfatizó la clara intensión de los grupos parlamentarios para que los temas de principal preocupación, como éste, tengan relevancia en su dictaminación por su importancia social.
Por su parte, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, titular de la Comisión de Igualdad de Género destacó que el estudio de homicidios relata una realidad muy seria que “tenemos las mujeres en el país” y expresó su preocupación por el hecho de que de cinco mujeres encuestadas, tres hayan referido que sufrieron violencia, por lo que éste es una consulta obligada de los legisladores para revisar lo que sucede en las zonas donde la violencia no era un sello distintivo y donde el crecimiento ha sido exponencial.
La violencia de género --agregó-- no debe ser una forma de vida, “no debemos perder la capacidad de asombro a tanta violencia que viven niñas y mujeres en el país”, de ahí que se pronunció por mejorar el marco jurídico y la generación de políticas públicas que den seguridad a la vida de las mujeres.
Durante su participación, la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa propuso integrar en la agenda del Pacto por México la perspectiva de género en el rubro de las comunicaciones. Debemos meter este capítulo en los contenidos de los medios de comunicación y en la mercadotecnia, recalcó.
Por su parte, la senadora Luz María Beristaín Navarrete del PRD celebró el estudio realizado, ya que es “indispensable para que la política pública de combate a la violencia de género se diseñe a partir del conocimiento objetivo de lo que esta violencia es”.
Afirmó que la violencia contra las mujeres se relaciona y articula de manera compleja con otras modalidades de violencia y es precisamente este tema lo que queda esclarecida a través del estudio presentado ante las comisiones de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado de la República y que “hoy es un instrumento más en beneficio de la lucha por la igualdad de las mujeres y en beneficio de la erradicación de la violencia por la que todos deberemos trabajar en este sexenio y en todos los que vienen; esta lucha no concluye. Esta es una herramienta más que nos va ayudar a seguir trabajando en ello”.
La senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, dijo que espera que las autoridades que actúan con una enorme indiferencia hacia el tema de la violencia contra las mujeres, corrijan el rumbo. Debemos señalar qué autoridades se han quedado marginadas o rezagadas con respecto a los avances que en la materia se han alcanzado, “creo que eso podría también ser un acicate para las autoridades indiferentes”.
Coincidió con la senadora Calderón Hinojosa, quien llamó a las mujeres a no segregarse en esta lucha. “Nos reuníamos como guetos y eran catarsis de cómo estamos marginadas”.
En su turno, Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, resaltó que con los datos presentados en el estudio se pueden construir políticas públicas focalizadas de combate a la violencia contra la mujer, basadas en datos reales.
Precisó que Chihuahua, Michoacán, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Sonora y Guerrero, registran una tendencia creciente en homicidios de mujeres, por lo que estamos obligados a construir legislación y política pública federal y local que contribuya a disminuir la violencia y homicidio contra ellas.
Señaló que uno de los mayores retos del estudio es la coordinación entre poderes y niveles de gobierno, a fin de que ésta sea una batalla de todos y reiteró el compromiso de la Segob a garantizar el derecho a una vida libre de violencia y el respeto irrestricto al pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres a través de políticas públicas transversales que fortalezcan los mecanismos de atención integral.
“No podemos permitir que nadie hable de la violencia sexual como algo normal, es deber de todos evitar, prohibir que cualquiera se atreva a hablar de violaciones a mujeres como hecho normal que sucede cotidianamente, una sociedad que lo hace tiene que revisar sus principios, sus valores y bases desde donde se construye”.
La académica Teresa Incháustegui quien realizó la introducción del texto señaló que el estudio explora la manera en que la creciente violencia social se practica entre hombres y de hombres hacia mujeres, basada en el género.
Precisó que es un análisis de lo que ocurre en el territorio nacional sobre los homicidios, tanto de varones como de mujeres, que se basa en estadísticas de mortalidad, derivadas de forenses, donde está la presunción de homicidio, que indica que el comportamiento de la violencia homicida es contagioso, sobre todo cuando se acompaña de impunidad.
Por su parte, el doctor Roberto Castro, Coordinador Nacional del Estudio, afirmó que derivado de los estudios de mortalidad por homicidios de mujeres desde 1980 hasta 2010, se encontró que hay un patrón en comportamiento que corresponde a tres fases identificadas.
Es decir, que de 1980 a 1990 el homicidio de mujeres era relativamente estable, mientras que en la siguiente década bajó significativamente pero, a partir de 2006 se disparó para quedar como estaba 30 años antes.
El segundo patrón, dijo, es que las tasas de mortalidad por homicidio son más altas para mujeres en grupos extremos de edad, en contraste con las de los hombres, ya que se presentan en mayor nivel en grupos medios de edad. “Proporcionalmente se asesina más a niñas y viejitas que a niños y ancianos”.
Resaltó que en el noreste una mujer de 20 a 24 años de edad tiene un riesgo 39 veces mayor de morir por homicidio que una mujer de la misma edad de la zona centro del país, mientras que en el noroeste una mujer de 55 a 59 años de edad tiene un riesgo 91 veces mayor de morir por homicidio que una en la zona centro del país.
Hay un patrón claro que indica también el incremento de causas de homicidio más crueles o dolorosas en detrimento de las más pasivas o accidentales que antes eran mayoritarias.
Dentro del análisis de la información de encuestas sobre violencia contra las mujeres en ámbito laboral, educativo y comunitario, se encontró que sólo 33 por ciento de mujeres han vivido una vida libre de violencia, no la observó en casa, no la sufrió en pareja y no la ejerce contra los hijos.
Detalló que la violencia durante la infancia, entre 30 y 40 por ciento de los casos tuvieron que recibir atención médica por heridas, fracturas, desmayos o quemaduras; de las jóvenes, ocho por ciento ha sufrido violencia sexual en el noviazgo, 15 por ciento por acoso escolar, cuatro por ciento por parte del personal docente en escuelas y que 27 por ciento de las mujeres actualmente esterilizadas no participo en esa decisión.
En tanto, en el análisis a los medios masivos de comunicación y su manejo sobre el tema, se expone que la violencia es visible en los medios pero no debidamente problematizado sino trivializado.
Los medios no están reflexionando sobre las causas de la violencia, no sirven como medios de difusión sino que lo presentan como problema individual, de mala suerte, desacreditando, desvirtuando la naturaleza profunda del problema contra la mujer, dijo.
A su vez, Florinda Ríquer quien coordinó el análisis de carácter regional destacó que en Tamaulipas hubo temor a realizarse, así como en la parte cercana con Veracruz, lo que indica que el fenómeno en estudio es peligroso.
Precisó que se hizo un compendio de información; se realizaron estudios cualitativos donde se encontró que en Chihuahua el municipio que se mantiene a la alta es Juárez, así como en el Estado de México, mientras que en Veracruz no es sólo un municipio sino varios donde se presenta crecimiento de homicidio contra las mujeres, en tanto, en la parte central del país hay mayor silencio frente a la violencia.
Llamó la atención sobre los falsos positivos del crimen organizado en la zona golfo, donde lo que ocurre es que se dejan de investigar los homicidios de mujeres en medida en que se adjudican al narcotráfico.
En tanto en la zona sur hay una relación intrincada entre la violencia y pobreza contra las mujeres, así como la impunidad e ineficiencia de las instancias encargadas de la procuración de la justicia.
Finalmente, señaló que se quiere coadyuvar a orientar políticas públicas específicas, focalizadas a nivel local, ya que no se pueden hacer en lo general en contextos tan diversos frente a la violencia contra las mujeres.
Por otra parte, Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), destacó con los resultados del análisis se puede estructurar e instrumentar la reforma de 2008, la de derechos humanos en 2011 y la propia Ley de Amparo, con perspectiva de género.
En el estudio, agregó, es revelador que la violencia contra mujeres se haya incrementado en lo cualitativo como en lo cuantitativo en un entorno socialmente violento como el causado por las acciones de los grupos organizados.
En el ámbito de la impartición de justicia consideró importante sancionar a funcionarios y se pronunció porque no exista impunidad.
Respecto a la prohibición de mecanismos de conciliación, resaltó que debería buscarse mecanismos para asegurar y garantizar el acceso igualitario de las mujeres a los mecanismos de conciliación a la justicia restaurativa en plena libertad.
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