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En un punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión de Gobernación, hizo un llamado a evitar el nombramiento de funcionarios con base en la improvisación, el influyentismo y la evidente relación partidista.
Señaló que la pretendida “gobernabilidad” de que requiere echar mano un gobierno “no puede ser el escaparate que permita el amiguismo, la politización, el tráfico de influencias ni el pago de favores políticos materializados” en un nombramiento.
Recordó que las delegaciones estatales son el nivel geopolítico más cercano a la ciudadanía y en él se refleja y concentra la “tropicalización” de los problemas y su conjunción con la operación de los programas.
Por ello, estimó que la responsabilidad adquirida por el servidor público genera legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, lo cual debe ser aprovechado en todo momento por la administración pública.
Díaz Lizama argumentó que su exhorto es con pleno respeto a la autodeterminación del Ejecutivo federal y a la división de poderes, pero también con motivo de la transición gubernamental que se vive en el país y ante el “inminente riesgo de partidización y politización electoral” en la designación de puestos públicos.
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