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Anunciaron que, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos, presentarán un punto de acuerdo para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales, dar respuesta efectiva e inmediata ante el ataque perpetrado por “cinco hombres armados y encapuchados”.
Además, pedirán la rectificación y disculpa pública del Alcalde a las turistas agredidas, así como la revisión puntual de los códigos penales, ya que en algunos estados el tema de la violación no cuenta con una alta penalidad.
Las senadoras consideraron pertinente hacer un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dé seguimiento a las acciones que implementen las autoridades estatales y federales, así como la protección, asesoría y apoyo a las víctimas.
Al respecto, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, titular de la Comisión de Igualdad de Género, señaló que lo sucedido “no debe ser una forma cotidiana de vivir”, como lo mencionó la autoridad del municipio, quien dijo que la violación se da en todo el mundo y que era lo más normal. “No puede ser normal la ausencia de consentimiento para una relación sexual y es muy desafortunado el comentario”, consideró la legisladora.
La impunidad, agregó, es uno de los problemas más serios del país por lo que se tiene que construir la justicia desde estos asuntos tan lastimosos. “No se trata solamente de endurecer penas”.
Por su parte, la senadora panista Adriana Díaz Lizama dijo que no basta que el ataque se haya producido contra mujeres sino que se tiene que abogar por quien se encuentre en esa situación.
“No por ser extranjeras sino porque se vulnera a la mujer, sus derechos y se exhibe una realidad triste para el país, que es la falta de seguridad”, con su consecuente daño al turismo y economía, sostuvo.
En tanto, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez, enfatizó que no se debe permitir que a una autoridad responder como lo hizo Luis Walton, “es vergonzoso y lamentable, no puede ser que ante una violación de seis mujeres –sea una, siete o las que sean- se responda como se ha hecho, en vez de tomar medidas como autoridad para encontrar a quienes cometieron el ilícito”.
Las integrantes de la Comisión coincidieron en calificar como lamentable lo ocurrido, pues lo que sucedió en Acapulco, ya que había costado mucho a la entidad remontar la situación grave de su economía, debido a la mala imagen que generó la inseguridad que tenía el estado.
La senadora priista Lucero Saldaña Pérez señaló que en la zona han existido más casos como el mencionado, pero que no se han denunciado, por lo que este hecho debe generar el impulso para implementar acciones diversas.
Además consideró importante que al analizar el Código Tipo se incluya el enfoque de género en tanto al contexto, sociedad, desigualdad y que no se genere impunidad sino que se llegue hasta las últimas consecuencias y no se victimice doblemente a las mujeres por su género.
Finalmente la senadora de Nueva Alianza, Mónica Tzasna Arriola Gordillo, comentó que se abrió una puerta para revisar el tema de política exterior, pues se tiene que analizar cómo se va a manejar la relación con España, luego de este “incidente tan lamentable”.
En la misma reunión, las senadoras aprobaron un dictamen para solicitar al Poder Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Gobernación formule e implemente una política pública con perspectiva de género y medidas efectivas a favor de mujeres periodistas y comunicadoras en situación de riesgo, como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
Al respecto, la senadora De la Peña resaltó que los puntos de acuerdo están inscritos en las acciones que ha tomado el Congreso de la Unión para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
También avalaron un dictamen para que el Ejecutivo diseñe una estrategia con perspectiva de género con presupuesto etiquetado que contemple desigualdades y obstáculos a las que se enfrentan las mujeres jefas de familia y las que son víctimas de violencia intrafamiliar
Asimismo, fueron aprobados cuatro dictámenes a minutas provenientes de la Cámara de Diputados. Dos de ellos reforman las leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se establece que la Declaratoria de Alerta de Género será de 30 días hábiles y no naturales como era actualmente.
Por otra parte, debido a las reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, la información referente al Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres, ahora será remitida al Consejo Nacional de Seguridad Pública, ante la eventual desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.
Asimismo, los gobernadores propondrán en el Presupuesto de Egresos de su entidad la asignación de recursos para operar la Ley Estatal relativa al Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se incorpora el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a las secretarías de Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, el INEGI y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como los poderes Legislativo y Judicial como invitados, con derecho a voz pero sin voto.
Los otros dos dictámenes se refieren a minutas que reforman diversos artículos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para establecer la obligación del Estado a implementar medidas que aseguren la conciliación del trabajo, vida personal y familiar de mujeres y hombres.
Además se fomenta la corresponsabilidad en las labores domésticas y en atención a las familias e incorpora y actualiza conceptos tales como acciones afirmativas, discriminación, discriminación contra la mujer, igualdad y perspectiva de género e instituye la implementación de acciones tendientes a fomentar el respeto de los derechos entre mujeres y hombres, para eliminar obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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