El presidente de la República envío al Senado una iniciativa para expedir la Ley de Firma Electrónica Avanzada, cuya finalidad es mejorar los procedimientos administrativos, trámites y servicios públicos para inhibir la posibilidad de que se presente la práctica de actos de corrupción.

Adicionalmente, “reducirá la discrecionalidad y arbitrariedad e incrementará la transparencia en la gestión gubernamental”, subrayó el Ejecutivo.

Señaló que la iniciativa busca, mediante el aprovechamiento de los medios de comunicación electrónica, optimizar y ampliar el acceso y la cobertura a los diferentes trámites y servicios gubernamentales para lograr una verdadera administración pública “en línea”.

La información contenida en los mensajes de datos y en los documentos electrónicos será pública, salvo que la misma esté clasificada como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia.

Los documentos que contengan datos personales estarán sujetos a las disposiciones aplicables al manejo, seguridad y protección de los mismos.

Con la propuesta se pretende evitar que los ciudadanos realicen desplazamientos innecesarios a los lugares en que se ubican las instituciones públicas, con el consecuente abatimiento de costos en que incurren los particulares por los traslados y el gobierno federal en el uso de papelería.

En la exposición de motivos se precisa que quedan excluidos de la aplicación de la Ley los actos relacionados con las materias fiscal, financiera y aduanera, en virtud de que tienen como objetivos proveer al Estado de recursos y regular a las instituciones financieras.

Para que los certificados expedidos fuera del país tengan la misma validez y efectos jurídicos, se plantea que las secretarías de la Función Pública y de Economía, y el SAT, podrán reconocerlos, en los casos en que otorguen las mismas garantías que los expedidos por la dependencia que los reconocerá.

En opinión del Ejecutivo federal el uso de la firma electrónica coadyuvará a la mejor y más pronta implementación de políticas públicas dirigidas a la conservación y preservación del medio ambiente, particularmente el ahorro y utilización de papel.

Para evitar el uso indebido de los certificados digitales y consecuentemente de la firma electrónica avanzada, en la iniciativa se establece que las conductas de los servidores públicos que impliquen el incumplimiento de la Ley dará lugar a sanciones de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.

Cuando las infracciones a la misma Ley impliquen la posible comisión de una conducta sancionada por la legislación civil, penal o de otra naturaleza, las dependencias o entidades lo harán del conocimiento de las autoridades competentes.

La iniciativa en cuestión fue turnada para su dictamen a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, así como de Ciencia y Tecnología para opinión de ésta.

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