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El senador Arturo Zamora Jiménez propuso reformar el Código Penal Federal, a efecto de evitar la infiltración o participación del crimen organizado en los procesos electorales y sancionar de manera “ejemplar” a funcionarios de todos los niveles de gobierno que incidan de manera ilegal u obstaculicen el desarrollo de la jornada comicial.

A través de una iniciativa, planteó castigar con cinco a quince años de prisión a aquellos candidatos que reciban aportaciones en dinero o especie provenientes de la delincuencia organizada.

De igual manera, el legislador priista pidió que se aplique una pena de tres a ocho años de cárcel a quienes intervengan en el proceso de selección de candidatos a puestos de elección popular o impidan la instalación de casillas electorales.

Asimismo, propuso sanciones que van de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años de prisión a quien obstaculice o interfiera dolosamente en el desarrollo normal de la jornada electoral, en su escrutinio y computo, así como en el traslado o entrega de paquetes comiciales.

Sugirió el mismo castigo para las personas que recojan una o más credenciales para votar o violen el derecho del ciudadano a emitir su voto de forma secreta.

Aclaró que esa pena aumentará hasta el doble cuando se amenace o ejerza violencia física.

En cuanto a los servidores públicos --dijo-- se les impondrán de 2 a 9 años de prisión a aquellos que condicionen la prestación de un servicio o cumplimiento de programas gubernamentales.

Zamora Jiménez manifestó que la infiltración y participación del crimen organizado en los procesos electorales busca la cooptación del Estado “para perseguir intereses ilegales que erosionan el poder público emanado del pueblo”.

“Por ello --aseguró-- es de suma importancia que las autoridades de todos los órganos de gobierno tutelen el interés general de que los mexicanos contemos con gobiernos sanos”.

En este sentido, subrayó que la delincuencia utiliza dinero ilícito o bienes materiales, con la finalidad de infiltrarse en las campañas electorales “y en algunos casos puede llegar al extremo de realizar otro tipo de conductas intimidatorias para incidir en los procesos comiciales”.

Ante este panorama, el legislador señaló que el Estado debe garantizar la prevención y combate a este problema y proporcionar las herramientas legales que permitan disuadir esas conductas “que son de enorme gravedad y repercusión para el adecuado desarrollo de la función pública electoral”.

Puntualizó que la representación de los poderes legislativos y ejecutivos debe estar en manos de servidores públicos y representantes populares “destinados a cumplir los mandatos constitucionales de sus cargos y llevar a cabo los principios democráticos del Estado de derecho”.

Por otro lado, el legislador por Jalisco presentó una segunda iniciativa, a fin de modificar el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que los jueces federales puedan conocer no solamente de los delitos cometidos por o en contra de funcionarios electorales federales, sino de todas las conductas previstas en el Código Penal Federal referente a las jornadas comiciales.

Ambas iniciativas se remitieron a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminarían correspondientes.

 

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