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Estas reformas, dijo, son esenciales para dar mayor legitimidad al presidente de la República, profesionalizar los órganos encargados de modificar los ordenamientos legales, mejorar la gestión de los gobiernos locales y fortalecer la rendición de cuentas.
Explicó que en México se elige al titular del Ejecutivo bajo el sistema de “mayoría simple o relativa”, donde el ganador de la elección es el candidato que obtiene el mayor número de votos, sin importar el porcentaje del electorado que lo respalde ni qué tan cerca se encuentre del segundo lugar.
Aunque este sistema funcionó en nuestro país durante la época del partido hegemónico, agregó, en los últimos comicios se presentaron manifestaciones de descontento social por la votación cerrada entre el primero y el segundo lugar, así como el bajo respaldo del electorado hacia los ganadores.
Por ello, la legisladora propuso “una segunda vuelta para el caso de que el primer lugar no alcance el cincuenta por ciento de los votos y que la ventaja que obtenga respecto al segundo lugar no sea, por lo menos, la mitad del margen que separa a este último del cincuenta por ciento del total de los sufragios emitidos”.
Precisó que con la “regla de doble complemento” o principio de mayoría relativa calificada “el ganador de la contienda electoral será el candidato que reciba el 50 por ciento más uno de los votos, o bien, aquél que a pesar de haber recibido menos del 50 por ciento lo hace con tal ventaja que el margen del segundo candidato para obtener 50 por ciento es por lo menos el doble del margen del que obtuvo el ganador”.
Con este sistema, mencionó, se incrementa la viabilidad del umbral electoral, evita la celebración de segundas vueltas innecesarias junto con los gastos asociados a ellas y promueve la generación de alianzas entre candidatos y partidos políticos.
Además, afirmó, impide la elección de un candidato con un bajo porcentaje de votos y un margen cerrado sobre el contrincante, “lo que otorgaría al ganador un mayor respaldo social y político.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado.
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