Número-1031

• Durante el confinamiento se registró un incremento de 22 por ciento en estos ilícitos; los costos ascienden a más de 14 mmdp.

 

El Senado de la República pidió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que amplíen las acciones de protección contra fraudes cibernéticos, durante la pandemia de COVID-19.

 

Asimismo, solicitó a ambas dependencias que intensifiquen las campañas de información y prevención sobre este tipo de delitos cibernéticos.

 

Según la Condusef, en 2020, durante el confinamiento, se registró un incremento de 22 por ciento en los fraudes financieros, principalmente por el aumento de transacciones vía electrónica.

 

En el dictamen que se aprobó sin discusión se destaca que, por posibles fraudes en operaciones bancarias, los clientes reclamaron a instituciones financieras, de enero a septiembre de ese año, 14 mil 633 millones de pesos. De ese total, los bancos abonaron a los afectados poco más de cinco mil millones de pesos.

 

Se señala que ESET, compañía de detección de amenazas cibernéticas, informó que el Covid-19 fue utilizado como “gancho” para muchos ataques en la red durante 2020 y alertó que esta situación podría continuar en el presente año.

 

La Condusef ha identificado técnicas y mecanismos ilícitos en el comercio y banca electrónica, sobre todo, en la venta de insumos o medicamentos relacionados con la emergencia sanitaria, registro de supuestos programas sociales para obtener apoyos económicos, venta de autos en la modalidad de flotillas, maquinaria pesada y de materiales para la construcción.

 

También menciona que la Policía Cibernética de México dio de baja más de 100 páginas y 700 perfiles de Facebook que defraudaban a los usuarios.

 

Ante este escenario, senadoras y senadores consideraron necesario que tanto la Condusef, como la Profeco fortalezcan y amplíen las acciones de protección a los usuarios de servicios financieros e intensifiquen la supervisión y combate de prácticas que lesionen los derechos de los consumidores.

 

Piden evitar abusos en clínicas privadas

 

El Pleno también solicitó a la Secretaría de Economía un informe sobre las tarifas establecidas para los servicios de salud de carácter social y privado, durante la pandemia de Covid-19.

 

De la misma manera, requirió a la Profeco un reporte donde indique cuáles han sido las acciones implementadas para evitar cualquier abuso en contra de las familias que han recurrido a los servicios de salud privados para el tratamiento del nuevo coronavirus.

 

En este dictamen, las y los senadores subrayaron que en México sólo seis de cada 100 personas tienen un respaldo que les permita costear atención médica en clínicas y hospitales privados, sin que les genere un daño patrimonial a sus finanzas.

 

Además, refiere que la Asociación Mexicana de Seguros informó que el costo del tratamiento en los hospitales privados aumentó un 51 por ciento, en tan sólo siete semanas, pues pasó de los 300 mil pesos, promedio, a 452 mil 918 pesos en el mes de junio de 2020.

 

Indica que los casos más graves de Covid-19, que requieren hospitalización pueden gastar entre 700 mil y 2 millones de pesos en los hospitales privados.

 

Sancionar a empresas que vendan a sobreprecio insumos para tratar coronavirus

 

En la misma sesión, el Senado aprobó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor para que vigile y sancione a las empresas que vendan a sobreprecio o abusen de los consumidores que requieren insumos, medicamentos y productos para atender los padecimientos originados por el Covid-19.

 

En el documento se menciona que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que medicinas e insumos médicos se encarecieron 54 por ciento más que la inflación general de 2020.

 

Además, el Observatorio Regional de Precios de la Organización Mundial de la Salud señaló que, hasta agosto del año pasado, en México se compraba una unidad de medicamento para el tratamiento de Covid-19 en 19.34 dólares, mientras que países como Brasil o Colombia, se paga de 0.59 a 0.65 dólares.