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Por unanimidad --con 113 votos a favor-- el Senado de la República reformó la Constitución, a efecto de otorgar autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La reforma faculta a ese órgano garante para hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos, la cual “sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional”.

Los senadores dejaron en claro que las resoluciones del IFAI serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Asimismo, acordaron que el número de consejeros del Instituto pase de cinco a siete y su nombramiento esté a cargo de la Cámara de Senadores, previa consulta a la sociedad.

Los funcionarios serán elegidos con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el pleno senatorial.
 
Precisaron que la designación de los consejeros podrá ser objetada por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles.

En el documento se explica que en caso de que el titular del Ejecutivo federal impugne el nombramiento, el Senado designará una nueva propuesta “pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes”.

Si este segundo nombramiento --se aclara-- fuera objetado, el Senado con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes designará al comisionado que ocupará la vacante respectiva y durará en ese puesto siete años sin posibilidad de reelección.

La designación de los dos nuevos integrantes del organismo se realizará a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este decreto. 

En este sentido, se aclara que los comisionados que actualmente conforman el Instituto seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Por otro lado, explicaron que el IFAI no podrá conocer la información relacionada con asuntos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo caso será resuelto por un comité integrado por tres ministros.
También, se acordó que el Instituto cuente con un Consejo Consultivo integrado por diez personas que serán elegidas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Senado. 

Se convino en que el IFAI podrá ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales, del Distrito Federal y tratados internacionales celebrados por México, que vulneren el derecho a la información pública o la protección de datos personales.

Asimismo, se incluyó en la Carta Magna que los organismos estatales garantes cuenten con autonomía y sean institutos especializados, imparciales y colegiados.

En este sentido, se facultó al IFAI  para actuar como segunda instancia ante el incumplimiento de los institutos de los estados en asegurar el derecho de acceso a la información. 

Los senadores establecieron como información reservada o confidencial --que no podrá ser divulgada-- aquella que ponga en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad económica y financiera.

Lo anterior, incluye al secreto bancario, fiduciario, industrial o fiscal, la relativa a la seguridad nacional, la que contenga expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de investigación que no hayan concluido.

De igual forma, la información contenida en padrones de afiliados, asociados o beneficiarios, así como la relacionada con infraestructura y estrategias militares o navales.
 
Por la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador priista Raúl Cervantes Andrade destacó el método empleado para procesar las tres iniciativas presentadas por el PRI, PAN y PRD en esta materia, pues “nos llevó a la unanimidad” en una reforma que tiene “enormes virtudes técnicas”.

Dijo que hubiera sido “indebido” que prevaleciera sólo una de las tres propuestas, por lo que ahora se trabaja en encontrar un “alto consenso” en la designación de los nuevos consejeros del IFAI.

A nombre de la Comisión de Gobernación, su presidenta, la senadora Cristina Díaz Salazar destacó la apertura y voluntad política de las comisiones dictaminadoras para escuchar a la sociedad civil, expertos e integrantes del IFAI, y así llegar a una reforma por unanimidad.

En términos generales --precisó la legisladora priista-- se dará un “gran paso” en el combate a la corrupción y permitirá transitar hacia un sistema de acceso a la información vinculado con la fiscalización, además de que fortalecerá el federalismo y lo hará más eficiente y eficaz.

El senador panista Raúl Gracia Guzmán, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señaló que esta legislación es “una avanzada” en temas como la fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la información, que permitirán devolverle el poder al ciudadano.

Con la designación de los consejeros por parte del Senado --explicó--  se genera una relación inversa a la que tradicionalmente se ha establecido entre el Legislativo y Ejecutivo, “lo que no es poca cosa” porque deja claro “que el México del siglo XXI es muy diferente al del siglo XX y la relación democrática entre poderes, gobernados y gobernantes es distinta”.

A su vez, el senador Pablo Escudero Morales, titular de la Comisión de Anticorrupción y de Participación Ciudadana, consideró que con la aprobación de este dictamen se abren los canales de una mejor comunicación entre gobierno y sociedad.

Sin embargo, el legislador del Partido Verde reconoció que la protección de datos “fue el gran tema que nos quedó pendiente” y “no ha sido puesto en el debate como se hace en otros países pero que estoy seguro tendremos tiempo para hacerlo”.  

Al fijar la postura del grupo parlamentario del PRI, el senador David Penchyna Grub aseguró que el Senado “pasó de las palabras a los hechos” y con las virtudes de esta reforma se empodera al ciudadano para que “la transparencia sea una variable permanente que marque el destino y actuación del Estado mexicano”. 

En tanto, el senador priista Arturo Zamora Jiménez estimó que con la autonomía del IFAI se da respuesta a una demanda ciudadana “añeja” que garantiza su independencia ante el poder, pues podrá conformar un órgano que tomará decisiones importantes en el futuro.

En su turno, la senadora panista Laura Angélica Rojas Hernández expresó que con esta enmienda el gobierno mexicano se parecerá cada vez más a una “caja de cristal”, cuyas acciones estarán a la vista de todos como “una forma elemental de control democrático”.

Para el senador panista Javier Corral Jurado estamos ante la consolidación institucional del derecho humano de acceso a la información, que impulsará una democracia de mayor calidad y más participativa “en donde los ciudadanos tengan la posibilidad de contrapesar al poder, vigilarlo y acotarlo”.

También del PAN, el senador José María Martínez Martínez manifestó que la sociedad mexicana debe pasar de una democracia enunciativa, participativa y electoral a una que sea deliberativa, por lo que el derecho a la información  ayudará a encaminarnos a esa meta.

En opinión del senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez el objetivo principal de la reforma es la consolidación del derecho humano de acceso a la información, lo que conlleva que los ciudadanos puedan conocer y vigilar “sin ninguna limitación” las acciones de sus gobiernos. 

Su compañero de bancada, el senador Benjamín Robles Montoya mencionó que este ejercicio democrático es parte de la apertura que se vive en esta Cámara “y eso habla bien del Senado de la República porque demuestra que con trabajo parlamentario coordinado y efectivo se pueden hacer las cosas bien”.

El senador Armando Ríos Piter, del PRD, consideró que el proceso de discusión y análisis evitó que se cayera en “posiciones de extremos” y garantizó un “gran consenso” para iniciar la construcción de un sistema de rendición de cuentas.

Al anunciar el voto a favor del PT, el senador Manuel Bartlett Díaz consideró que se hizo un “magnífico trabajo”  para devolverle al Senado la jerarquía que debe tener en la relación de poderes; sin embargo, el siguiente avance que se tiene que hacer es empoderar la participación de la sociedad para que pueda liberarse de la partidocracia.

El documento se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

 

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