Número-904 

• El problema se ha incrementado por la enorme distribución por medio de plataformas digitales, destaca la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes.

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes presentó una iniciativa para incrementar las sanciones por los delitos relacionados con la pornografía infantil y fortalecer el marco legal para desmantelar las redes criminales que operan con la explotación sistemática de niñas, niños y adolescentes.

 

Del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora advirtió que la pornografía infantil es un problema que se ha incrementado por la enorme infraestructura de distribución y consumo que se han generado las plataformas digitales.

 

Las ganancias de este negocio en México, fruto de la delincuencia organizada y de la explotación de menores, advirtió Covarrubias Cervantes, rondan los 34 mil millones de pesos anuales.

 

En este contexto, propuso reformar el Código Penal Federal para que estos ilícitos no prescriban, a fin de permitir que la Fiscalía General de la República pueda perseguir estos crímenes sin limitación del tiempo y atender las denuncias de víctimas, que en múltiples ocasiones son presentadas años después.

 

Con el fin de combatir las redes de producción y distribución de pornografía infantil, la senadora planteó agregar el término “Por sí o por interpósita persona” para castigar no solamente a los que realizan las tareas, sino a sus superiores o a quienes obtienen otro tipo de beneficios a partir de la explotación y el abuso de los menores.

 

También sugirió incluir a los medios de distribución penados los “documentos impresos” y “las plataformas digitales o semejantes”, con el propósito de sancionar la distribución de contenidos de pornografía infantil, a través de redes sociales o Internet.

 

Para el combate de las redes de producción y distribución de pornografía infantil, la senadora consideró indispensable incorporar una agravante que tipifica claramente las conductas realizadas por estas organizaciones delictivas.

 

Así, Covarrubias Cervantes propuso un castigo de 16 a 29 años prisión a quienes organicen o patrocinen con recursos económicos o de cualquier índole o que obtengan beneficios económicos producto de las actividades relacionadas con este ilícito.

 

Además, a fin de penar la distribución del contenido de pornografía infantil planteó añadir varios supuestos: el de ofertar, comercializar y transportar este tipo de materiales. Para estas conductas, la legisladora propuso de 11 a 19 años de prisión.

 

Establecer un castigo proporcional al daño causado a las víctimas es el deber del Estado mexicano y nuestro compromiso como legisladores, acotó la senadora.