Número-795 

  • En caso de cancelación de una compra por fallas o defectos, los costos de flete y seguro deben correr a cargo del proveedor y no del comprador, afirma Minerva Hernández.

Con el objetivo de velar por los derechos de la población y fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores, la senadora Minerva Hernández Ramos presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor.

 

La legisladora del PAN propuso que los proveedores de bienes, productos o servicios estén obligados a contar con un área específica y con personal capacitado para recibir quejas de los consumidores de manera escrita, oral, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio, como medida de protección hacia los consumidores.

 

Además, dijo que es necesario prohibir la inclusión, tanto en publicidad como en la descripción de productos, de leyendas que avalen, aprueben, recomienden o certifiquen los bienes o servicios a comercializar, emitidas por parte de sociedades o asociaciones profesionales.

 

En el caso de cancelación de una compra por fallas o defectos, los costos de flete y seguro correrían a cargo del proveedor, y no de los compradores.

 

En su exposición, la senadora dijo que es necesario impulsar el empoderamiento del consumidor a nivel nacional, disminuir los costos de transacción a través de mecanismos que garanticen la protección efectiva de sus derechos, así como fortalecer la capacidad institucional para protegerlos.

 

Por ello, dentro de las modificaciones a la Procuraduría Federal del Consumidor, sugirió establecer nuevos requisitos para quien ocupe la titularidad de esta dependencia, a fin de garantizar la profesionalidad e idoneidad para el fortalecimiento institucional, y que su designación sea ajena a decisiones de carácter político.

 

Incluso, las y los aspirantes tendrían que haber desempeñado actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas a la protección y defensa de los consumidores, cuando menos tres años.

 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía y Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación.