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En el punto de acuerdo aprobado se destaca que dicho documento concluye que la tortura y el maltrato en México se incrementaron considerablemente en los últimos cinco años, además de que el gobierno federal desplegó fuerzas militares y policíacas a una escala sin precedentes para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Asimismo, indica que el Estado no reconoce que haya funcionarios involucrados en violaciones graves de derechos humanos y “cuando han ocurrido” son consideradas como prácticas “aisladas y esporádicas que no forman parte de una política oficial, y por lo tanto, no puede responsabilizársele de ello”.
De igual forma, se subraya que al menos existen 60 mil víctimas de homicidio, 160 mil personas desplazadas y 25 mil desaparecidos “como consecuencia de la disputa territorial entre los cárteles pero también hay muertos y desplazados, tortura y maltrato operadas por las fuerzas de seguridad”.
Al presentar el punto de acuerdo la senadora perredista Dolores Padierna Luna señaló que según AI la posición del gobierno es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos.
Indicó que datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelan que se ha generado un incremento en el número de denuncias presentadas, pues en 2007, se habían registrado 392 casos pero en 2011 aumentaron a 1 mil 169.
Aunado a ello, agregó, la CNDH declaró que la práctica de la tortura aumentó en 2 mil por ciento, sin embargo “el número de denuncias no se corresponde con el número de investigaciones iniciadas”.
Expresó que en la PGR sólo realizó 58 investigaciones que dieron lugar a 4 actas de acusación formal, y la Judicatura revela que en ese período hubo 12 procesamientos de tortura que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias.
A su vez, la senadora priista Lucero Saldaña Pérez manifestó que no ha habido “una articulación entre las instituciones de seguridad pública del país”, por lo que es necesario que en México se prevengan, sancione y erradique la tortura y garantizar que este tipo de delitos no prescriba.
Dijo que se debe investigar y sancionar las denuncias por tortura ejercida por las instituciones y eliminar la detención mediante arraigo a nivel federal y estatal, así como aprobar una ley general sobre desapariciones forzadas.
En este sentido, consideró prioritario garantizar la seguridad e integridad física de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas “con el enfoque de género y una visión que considere a las mujeres con mayor grado de vulnerabilidad y riesgo”.
En su turno, la senadora perredista Angélica de la Peña Gómez mencionó que se debe “seguir insistiendo en que la autoridad militar no continúe violando la legislación mexicana y no se siga imperando que militares pueden cometer afrentas contra los derechos humanos de civiles”.
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