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El Senado hizo  un llamado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas y del Distrito Federal, a afianzar el carácter nacional del combate a la discriminación en todos los niveles de gobierno.

Para ello, les pidieron que en sus planes, programas y procesos el combate a la discriminación ocupe “un papel preponderante” en las políticas públicas y se fortalezcan los vínculos institucionales, con visión de futuro y continuidad en el tiempo.

Adicionalmente,  en el dictamen aprobado en la sesión ordinaria de este martes se deja en claro que los poderes de la Unión deben garantizar “sin discriminación alguna los derechos humanos” de todas las personas y colectivos, como lo mandata el artículo primero de la Constitución.

El texto también incluye el exhorto para que las dependencias de la administración pública federal atiendan puntualmente los lineamientos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a través de él informen al Senado de las acciones que llevan a cabo al respecto.

          
Solicita Senado incrementar partida presupuestal a programas de educación para migrantes

En otro dictamen, la Cámara de Senadores sugirió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, incrementar la partida presupuestal para 2013 en términos reales a los programas de educación básica destinados a migrantes, respecto de lo aprobado el año pasado.

Ello, a fin de asegurar una mayor inversión en construcción y mantenimiento de las instalaciones y equipamiento de materiales didácticos, así como fortalecer una mayor plantilla de docentes.

En el mismo sentido, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública diseñar un calendario escolar, que responda a los ciclos migratorios, y que modifique las normas de acreditación y certificación para que se ajusten a los tiempos de permanencia en los lugares de origen.

Además, plantearon que se evalúe la creación de un programa para Profesores Migrantes, que dé seguimiento y atención a niñas y niños migrantes.

Piden legisladores menús impresos en escritura braille

En última instancia, los legisladores exhortaron a las secretarías de Salud de las entidades federativas, para que en coordinación con la federal, emita lineamientos para que los restaurantes y demás establecimientos en los que se vendan o consuman alimentos, cuenten con menús impresos en sistema de escritura braille.

Al fundamentar los dictámenes la senadora priista Hilda Flores Escalera, titular de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, destacó que la Secretaría de Desarrollo Social a través del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, señala que en el país hay 405 mil 712 familias en permanente movimiento, de las cuales aproximadamente 96 mil 440 son niños entre los cero y 14 años.

Agregó que los hijos de las familias jornaleras migrantes se trasladan junto con sus familias y desde edades muy tempranas se incorporan a las actividades productivas laborales.

Adicionalmente, expuso que el censo 2012 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática subraya que aproximadamente 1 millón 561 mil personas tienen discapacidad visual, por lo que enfrentan diversas problemáticas para su inclusión en la vida diaria.

Asimismo, manifestó que a pesar de que se implementaron mecanismos como campañas de concientización y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que pretenden dar un trato específico de acuerdo a las necesidades poblaciones, la discriminación continúa siendo una práctica constante.

Anunció que en abril del 2011, en los resultados generales de la Segunda Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México 2010, realizada por el CONAPRED y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se muestra un panorama poco alentador sobre el tema de discriminación en México.

Detalló que el reporte sobre la discriminación en México 2012 señala que no obstante la expedición de una decena de leyes y la creación de distintas instituciones no se ha logrado revertir la desigualdad de trato y de distinción en el ejercicio de derechos y libertades.

 

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