Número-543

• Permitirá orientar y facilitar la planeación, elaboración y ejecución de programas y políticas para la atención de este sector.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, junto con funcionarios del sector salud y especialistas, analizaron los avances en la creación del Certificado de Discapacidad y su Norma Oficial Mexicana.

Este certificado tiene la función de recabar información precisa y actualizada, mediante registros administrativos, censos de población y encuestas, sobre las personas que viven con alguna discapacidad. El documento permitirá orientar y facilitar una mejor prevención, diseño de políticas públicas, programas para de atención y garantizar el acceso a una salud digna y adecuada a las personas con alguna discapacidad.

En la sesión informativa “Avances del Certificado de Discapacidad y su Norma Oficial Mexicana”, que se llevó a cabo de manera remota, la senadora aseguró que la falta de cifras oficiales impacta de manera directa en la vida de quienes conforman este sector de la población.

Lo que no se mide, dijo, no se puede mejorar y tampoco se puede seguir atendiendo y, mucho menos, reconocerlo como una realidad. Por ello, precisó, es fundamental contar con el Certificado, ya que permitirá orientar y facilitar a las dependencias públicas y a la sociedad en una mejor planeación, elaboración y ejecución de programas para la atención de este sector.

Subrayó que se tiene previsto que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), desarrollen el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, el cual deberán mantener actualizado.

Dicho sistema está encaminado a proporcionar información de servicios públicos, privados, sociales y debe estar alineado a la clasificación internacional y a los derechos humanos. “Conoceremos, por vez primera, la realidad que enfrentan día con día”, expresó.

Señaló que la prevalencia de la discapacidad, en 2014, fue del seis por ciento de la población, es decir que, alrededor de siete millones de mexicanos tienen una dificultad para usar sus piernas, brazos, manos, ver, escuchar, aprender, recordar, concentrarse, hablar o comunicarse.

En México, indicó, existen más de 580 mil niñas, niños y adolescentes que viven con alguna discapacidad.

Señaló que al día de hoy no existe un registro que pueda especificar cuántas personas viven con la condición de síndrome de Down, el trastorno del espectro autista o de alguna discapacidad intelectual.

Por esta razón, la puesta en marcha del Certificado de Discapacidad para tener un conteo real de este sector en México es fundamental, ya que ayudará a revertir la falla de políticas adecuadas, sus requerimientos específicos y con una visión transversal permitir su integración completa a la sociedad, puntualizó.

En tanto, Manuel Yañez Hernández, subdirector de Clasificaciones de Información de la Secretaría de Salud, dijo que se trabaja para que el certificado esté alineado a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que México es parte.

Indicó que por primera vez nuestro país podrá contar con un certificado para personas con discapacidad único, homologado y bajo un enfoque biopsicosocial, que se traducirá en políticas públicas en beneficio de este sector de la población.

Del Instituto Mexicano del Seguro Social, la doctora Catalina Valencia Hernández explicó que el modelo de atención biopsicosocial está en concordancia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para que puedan gozar plenamente de sus derechos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones, además contribuye a su inclusión social.

A su vez, Ángeles Carrasco Ramírez, directora de la Organización Llévame a tu Mar, destacó la importancia de que las organizaciones civiles trabajen conjuntamente con las instituciones, a fin de fortalecer la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas a este sector poblacional.