Número-540

• La realidad laboral y el bajo nivel de ingresos en esta población es parte del obstáculo que les impide concretar la meta y formar un patrimonio, indica Martín del Campo.

Con el objetivo de establecer un programa especial, en coordinación con estados y municipios, para crear mecanismos que permitan a las y los jóvenes tener una vivienda digna, y no tengan que vivir lejos de sus familias y realizar largos recorridos para llegar a sus trabajos y escuelas, el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo planteó reformar la Ley de Vivienda.

En la iniciativa, el legislador de Acción Nacional señaló que este programa debe incluir apoyos y subsidios que permitan disminuir la carga económica que implica el acceso a la vivienda de las y los jóvenes, principalmente de aquellos que son jefes de familia o que tienen dependientes económicos, priorizando la atención a la población en situación de pobreza.

Indicó que el acceso a una vivienda adecuada puede ser la condición previa para el disfrute de una gran variedad derechos humanos, en particular en la esfera del trabajo, salud, seguridad social, el voto, la privacidad y educación.

Con este proyecto, dijo, promoveremos oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, tales como las poblaciones indígenas, jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

El legislador mencionó que los programas federales que otorguen subsidios para la vivienda se deberán sujetar a lo que determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Afirmó que para el otorgamiento de subsidios, las dependencias y entidades competentes deberán observar los siguientes criterios: atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, como indígenas, jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes.

Señaló que actualmente el marco jurídico de México cuenta con una Ley de Vivienda que tiende a garantizar la creación de un Plan Nacional y diversos planes regionales, estatales y especiales para asegurar el acceso de la población a una vivienda digna a través de diversos mecanismos financieros que permiten el acceso a un crédito hipotecario para adquirir algún bien del mercado inmobiliario o para ser beneficiario de algún programa de vivienda social.

Estos programas, agregó, centran sus acciones y estrategias en favor de la población en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Sin embargo, al tener la posibilidad de modificar el Plan Nacional, cada seis años, se corre el riesgo de que algunos sectores de la sociedad sean segregados al arbitrio de la autoridad del momento, tal y como es el caso del Plan Nacional de Vivienda 2019-2024, en el cual se excluyó a la juventud como un sector prioritario para obtener beneficios.

Juan Antonio Martín del Campo indicó que contrario a la creencia generalizada, las y los jóvenes sí contemplan como uno de los objetivos primordiales dentro de sus planes de vida la compra de una vivienda. Empero, la realidad laboral y el bajo nivel de sus ingresos es parte del obstáculo que les impide concretar la meta y formar un patrimonio, puntualizó.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda, fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda.