Número-371 

• Necesario diseñar mecanismos de evaluación efectiva, que determinen el avance en las habilidades de jóvenes y en la recuperación de las empresas.

El senador Samuel García Sepúlveda planteó reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de que estados y municipios, en coordinación con el sector empresarial, diseñen e implementen programas e incentivos fiscales para impulsar la capacitación gratuita de alumnos que están por concluir sus estudios a nivel técnico o superior y se otorgue empleo formal a profesionistas recién egresados, en casos de emergencia sanitaria.

 

En la iniciativa, el legislador de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano indicó que se busca fortalecer los mecanismos existentes entre el sector público y el sector privado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

 

Con esta propuesta, dijo, se podrán alcanzar dos objetivos estructurales como incentivar la capacitación y profesionalización de estudiantes y egresados, para que obtengan los mejores conocimientos del mercado laboral; y otorgar incentivos fiscales a las MiPymes, cuya labor será involucrarlos, beneficiando su participación y promoviendo el empleo formal en nuestro país.

 

Asimismo, propuso diseñar mecanismos de evaluación efectiva, que determinen el avance en las habilidades de los jóvenes y en la recuperación de las empresas.

 

El senador de Nuevo León indicó que, sin duda, debe ser prioridad de los gobiernos, apelar a todas las formas de recuperación económica y desarrollo, luego de enfrentarnos a las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

 

Señaló que las circunstancias actuales que enfrenta México, a causa de la emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-COV2, ha modificado la operatividad de las instancias gubernamentales y del sector privado, instaurando nuevos mecanismos para salvaguardar los derechos de las y los mexicanos.

 

A este escenario, apuntó, se suma la situación laboral y económica que nuestro país enfrenta, ya que la pérdida de empleos a causa del aislamiento domiciliario y la suspensión de actividades esenciales han perjudicado el bolsillo de las familias mexicanas.

 

García Sepúlveda aseguró que la STPS informó que, entre marzo y abril se contabilizaron 346,878 puestos desempleados, en donde las entidades federativas más afectadas fueron: Quintana Roo (63 mil 847), Ciudad de México (55 mil 591), Nuevo León (23 mil 465), Jalisco (21 mil 535), Estado de México (16 mil 36) y Tamaulipas (12 mil 652).

 

Lo que en conjunto registran 56 por ciento del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordó que, de abril a la fecha, diversos análisis han asegurado que se ha contabilizado una pérdida de hasta 921,583 fuentes de trabajo.

 

El proyecto de decreto que adiciona una fracción g), recorriéndose la subsecuente en su orden, a la fracción I del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo, fue turnada directamente a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda.