Número-358 

• Xóchiltl Gálvez denuncia que se ha abusado de esta figura para evitar el escrutinio público sobre su patrimonio, lo cual deja en entredicho los avances en materia de combate a la corrupción.

Con el objetivo de abonar a la transparencia en la administración pública, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó una iniciativa para que se incluya en las declaraciones patrimoniales de intereses que sean públicas, la información relativa a los bienes muebles, inmuebles, valores, inversiones o cuentas bancarias, así como otros derechos o ingresos, cuya posesión esté en copropiedad o cotitularidad con terceros.

 

Además, propone que, en el caso de las copropiedades o cotitularidades del servidor público, solo se hará pública la información de los bienes o valores, resguardando debidamente el nombre y datos personales del copropietario o cotitular.

 

Con esta propuesta, la legisladora de la Fracción Parlamentaria del PAN busca avanzar en el combate y la prevención de la corrupción, construyendo un sistema cada vez más efectivo y que cubra todos los supuestos y resquicios por los cuales, algunos servidores públicos, pueden cometer actos de corrupción amparados en las propias fallas legales.

 

La promovente explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que todos los servidores públicos están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses y, además, estas serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

 

Denunció que se ha vuelto relativamente fácil consolidar la idea de que quienes no prestan un servicio público al Estado no deben ser afectados por la reducción de su derecho a la privacidad, lo que, a su vez, ha generado una opción, calificada de legal, para evitar que la totalidad del patrimonio de las y los funcionarios se haga pública.

 

La senadora señaló concretamente al patrimonio en copropiedad, figura bajo la cual el servidor público puede no hacer pública la información sobre bienes o valores que posea en copropiedad con otras personas, las cuales pueden ser su cónyuge, familiares consanguíneos o por afinidad, e incluso socios y amigos.

 

Si esto se sigue permitiendo, aseguró, se abre un boquete a los esfuerzos que se han realizado durante muchos años para combatir la corrupción y deja en entredicho los avances que se han logrado con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

“De proliferar esta zona gris, entonces se mantendrá una previsión normativa que incita a los servidores públicos a constituir copropiedades con el objetivo de evitar el escrutinio público sobre su patrimonio y, en su caso, sobre el incremento de éste”, puntualizó.

 

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue turnada a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Segunda.