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La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, propuso crear la Ley General de Convivencia, Prevención y Atención del Acoso Escolar, para prevenir y erradicar la problemática a través de acciones que hagan más sencillo identificar, denunciar, sancionar y dar seguimiento a situación de acoso o intimidación.
Afirmó que la ley busca solucionar de raíz el acoso escolar o el bulling, involucrando a padres de familia, directores, maestros y autoridades de las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Salud, Seguridad, PGR y el DIF para que coordinen acciones dirigidas a atender y buscar la solución de conflictos en escuelas públicas y privadas..
Informó que el reglamento determina multas para los padres de familia que se nieguen a recibir atención psicológica; establece reparación del daño e involucra a los alumnos agresores para realizar actividades a favor de la comunidad siempre y cuando no sean degradantes y violatorios a sus derechos.
La legisladora panista aclaró que la ley no criminaliza a los menores, sino genera conciencia, tolerancia y diálogo como bases para la atención y solución de conflictos.
Entre otros lineamientos, ordena la creación de un Consejo para una Escuela Libre de Violencia, donde tendrán voz y voto los alumnos y participen directores, maestros, padres de familia, así como de un buzón escolar para recibir denuncias y otro más en Interrnet a cargo de la SEP con el mismo objetivo.
El acoso escolar no es tema nuevo –abundó—pero sí el incremento en su incidencia y  la severidad de los daños psicológicos que causa a tal grado que orillan a un número creciente de menores de edad a pensar en el suicidio como la mejor alternativa.
Indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), coloca a México en el primer sitio a escala internacional en el  número de casos de acoso escolar o bulling a nivel secundaria.
También ocupa el último lugar en una lista de 30 países en implementar políticas para atacar el problema y buscar el bienestar de la infancia en las escuelas.
Destacó que a nivel nacional son prácticamente nulas las acciones adoptadas, pues solamente Baja California, Chihuahua, Puebla, Nayarit, Distrito Federal, Tamaulipas, y Veracruz, cuentan con una ley específica para evitar la violencia e incrementar la seguridad en los centros escolares, pero no hay procedimientos claros de atención permanente.
Por ello, concluyó, la iniciativa establece como obligación de cada escuela crear de un reglamento para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes interactúan en él y se determinan sanciones a quienes lo trasgredan.
La iniciativa fue turnada .a comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos.
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