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La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del PRI, propuso reformas a las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de Educación, a fin de facilitar el acceso de personas con discapacidad a un sistema educativo inclusivo, con equidad social incluyente y con perspectiva de género.

Explicó que tratándose de menores de edad con discapacidad, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad.

Abundó que las reformas inician con la eliminación de la frase “educación especial” de ambas leyes, al no contar con los elementos necesarios para promover la educación en igualdad de condiciones, es decir, tanto de personas con discapacidad como de aquellas con actitudes sobresalientes.

En el censo del 2010 –abundó-- el INEGI señala que existe una disparidad entre la población sin y con discapacidad, pues mientras 56 por ciento de las personas en edad escolar sin discapacidad asisten a la escuela, sólo lo hacen el 45 por ciento de la población con discapacidad.

En ese sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008, establece que los países deberán asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, a fin de desarrollar el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima.

Por lo anterior, “es necesario realizar reformas a la legislación nacional, pues el marco jurídico mexicano aún no cubre el alcance señalado en la citada Convención, pues en las dos leyes se emplea el concepto “educación especial” que busca cubrir las necesidades tanto de personas con discapacidad como con actitudes sobresalientes.”

Respecto a la Ley General de Educación, dijo que es necesario que delimite perfectamente el tipo de educación o modalidad que debe atender las necesidades de la población que requiera atención especializada, pues tener a los dos sectores en la misma modalidad educativa resulta contraproducente ya que tienen características diferentes.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Segunda.

 

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