{audio}2012/boletines/dic/2012-12-07/0665.mp3{/audio}
En la primera reunión para la integración de una plataforma de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, la legisladora perredista enfatizó que quienes se encuentran en un “espacio de poder” deben estar comprometidos con el resguardo de las garantías fundamentales.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado dijo que las asociaciones no gubernamentales “constituyen un motor” para concretar las reformas pendientes dirigidas a cumplir con los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado en la materia.
Al inaugurar el encuentro, el senador perredista Manuel Camacho Solís afirmó que no habrá “ningún avance si no hay una redistribución de poder y cambio institucional” y eso sólo se puede conseguir con una reforma legal o constitucional y la participación de la sociedad es fundamental para ello.
En el encuentro, Daniel Zapico Alonso, encargado de Despacho de Amnistía Internacional México, destacó que “no hay seguridad ni justicia sin derechos humanos”, ni tampoco con la aplicación de figuras como el arraigo, la tortura o mientras la victimas no cuenten con la reparación del daño.
Para Ricardo Sepúlveda Iguiníz, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, es indispensable “unir la agenda de seguridad y de los derechos humanos”, pues aquí hay “graves pendientes” como la legislación sobre el uso legítimo de la fuerza en tareas de seguridad.
En su turno, Marieclaire Acosta Urquidi, directora de Freedom House México, señaló que la sociedad civil y el Senado tienen que “encarar el tema de la impunidad crónica que vivimos”, pues “no tendremos democracia y paz, si no tenemos acceso a la justicia”.
A su vez, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que el discurso de las organizaciones tiene que enfocarse en el control del poder de la fuerza del Estado.
En tanto, Patricia Mercado Castro, directora de Iniciativa SUMA, consideró que un tema central es resolver “la paradoja” de que pese a los avances en los derechos políticos de las mujeres, aún existen disposiciones legales que “por motivos democráticos” impiden su ejercicio.
En opinión de Fabiola del Jurado Mendoza, presidenta de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, se requiere atender las altas tasas de mortalidad materna de indígenas, los vacíos en la representación política y la militarización de las comunidades, así como el despojo de territorios y recursos.
--ooOoo—