Número-113

• Es esencial que todas las partes se expresen y expongan sus dudas al respecto, señala el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación.

En el foro “Construyendo la Nueva Legislación para la Educación Superior”, representantes de escuelas normales consideraron que la reducción presupuestal a estas instituciones educativas es un “atropello” y exigieron que el normalismo sea parte de un proyecto de nación “bien definido”.

El encuentro se llevó a cabo de manera remota y fue organizado por la Cámara de Diputados. Ahí, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rubén Rocha Moya, dijo que aún cuando la iniciativa cuenta con un gran consenso de los Grupos Parlamentarios en el Congreso, se busca que los actores involucrados agreguen sus propuestas.

Aseguró que se trata de un proceso inédito e importante para la educación superior del país, por ello, “es esencial que todas las partes se expresen y expongan sus dudas a través del Parlamento Abierto”.

La iniciativa tiene el objetivo de garantizar a la población su derecho de acceder a este nivel educativo y establecer las bases para su coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua, además, contiene los criterios para regular la participación de los sectores público, social y privado en la educación superior.

Todas las instituciones deben ser escuchadas, y en este sentido es que queremos conocer sus opiniones, antes de llegar a la dictaminación de la iniciativa, concluyó el legislador de Morena.

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, manifestó que las escuelas normales representan el pilar fundamental de la educación en México, “y por ello se les debe dar la importancia que merecen”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña Bernal, recordó que la propuesta fue consensuada y suscrita por todos los Grupos Parlamentarios. Se logró gracias a un intenso trabajo que empezó a realizarse desde enero, siempre de manera coordinada y colaborativa entre las cámaras del Congreso y la Secretaría de Educación Pública.

Por su parte, José René Torres Cuc, docente de la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra, en Campeche, advirtió que la reducción de más de 95 por ciento del presupuesto a las escuelas normales en 2021, es un atropello para estas instituciones educativas. “El normalismo debe ser un tema fundamental en la agenda, con un proyecto federal bien definido”.

Ante los cambios en el contexto nacional, agregó, los planes de estudio de las normales deben estar a la vanguardia y llevar a ruta los cambios en la educación básica. Resaltó que dichos contenidos deben sustentarse en los ejes: pedagógico, psicológico y sociológico; conocimiento disciplinario y científico y profesionalidad docente.

Alejandro Arrecillas Casas, docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), dijo que esta ley debe generar certeza jurídica para las instituciones de formación docente, así como fortalecerlas presupuestamente, “porque desde 1992, no existe un recurso definido para las unidades UPN”.

Asimismo, dijo que se debe emitir un decreto para que las UPN recuperen el carácter nacional y se termine con la indefinición jurídico normativa y la indefensión académico política del sistema.

La docente María del Carmen Moreno Mota, aseguró que la condición de los maestros enfrenta una transgresión de los derechos laborales de los formadores. “Dentro de la ley se debe hacer un replanteamiento de la consideración salarial, la asignación de plazas y los derechos y prestaciones”.

El Rector del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, consideró pertinente definir un conjunto de indicadores en el tema de la evaluación educativa, como la eficiencia terminal y la empleabilidad, cuya difusión sea útil para las instituciones, familias y mejora continua de la política educativa.

Es fundamental que los egresados de las universidades estén mejor preparados para los retos y oportunidades de un mundo cada vez más cambiante y complejo. “Vemos que el Covid-19 nos trajo cambios como la adopción de actividades a distancia a través de la tecnología'', agregó.

A su vez, el rector de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano Diez, precisó que la ley tiene un avance relevante al concebir a la educación como un bien público. Va más allá de lo estatal o privado, por lo que su servicio debe entenderse desde el interés de la nación en su conjunto, opinó.

Subrayó que es necesario agilizar la expedición y calidad de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (REVOES); contar con mayor claridad de cómo se da seguimiento a la calidad educativa y, recalcó que el tema de las becas es fundamental. En la institución, 67 por ciento de los estudiantes cuenta con algún tipo de beca, porque gran cantidad de ellos tiene necesidad de ser ayudado, sostuvo.