Número-013 

• El cierre de escuelas y la educación en línea puede profundizar las desigualdades socioeconómicas.

El senador Gustavo Madero Muñoz presentó una iniciativa para establecer como deducciones personales del Impuesto Sobre la Renta los pagos por bienes, útiles escolares o computadoras, así como servicios de enseñanza en todos los niveles de educación.

 

Dijo que el proyecto, que busca adicionar una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, forma parte de los esfuerzos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional por impulsar un paquete de medidas para el apoyo de la economía familiar.

 

El último párrafo del artículo vigente estable que el monto total de las deducciones que se podrán efectuar no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto.

 

Madero Muñoz argumentó que el cierre de escuelas y la educación en línea, derivadas de la pandemia por Covid-19, puede profundizar las desigualdades socioeconómicas en las que viven millones de mexicanos que enfrentan caídas severas en sus ingresos.

 

En este escenario, acotó Gustavo Madero, los estudiantes no contarán con los equipos, tecnología, espacios, condiciones ni ambiente necesario para cumplir con las nuevas exigencias académicas.

 

Al menos 40 por ciento de alumnos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y la suspensión de clases implicará menores oportunidades de aprender en casa, mayores costos para sus familias, más riesgo de abandono escolar e, incluso, la afectación de su alimentación por la ausencia de los desayunos escolares.

 

Dijo que el inicio del ciclo escolar, en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, bajo el esquema a distancia con el uso de Internet y la Televisión, representará un gran desafío para los cerca de 30 millones de estudiantes.

 

Madero Muñoz advirtió que la falta de apoyos directos, como un ingreso básico universal, disminuye las posibilidades económicas de los padres de familia para continuar con el pago de las colegiaturas en la educación privada. La propuesta se envió a la Cámara de Diputados.