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Mediante una videoconferencia en donde los senadores se enlazaron a la ciudad de París, los funcionarios de la OCDE explicaron las prácticas en materia de agencias anticorrupción que se han implementado en distintos países.
Al respecto, la senadora panista Laura Angélica Rojas Hernández expresó que esta reunión se da en el marco de la discusión para crear un nuevo organismo nacional de combate a la corrupción en México, por lo que se ha pedido la colaboración de la OCDE.
Indicó que con la llegada del nuevo gobierno federal se han propuesto reformas para reorganizar la administración pública y crear una comisión nacional anticorrupción, que remplazaría a la Secretaría de la Función Pública.
En tanto, la senadora priista Arely Gómez González mencionó que las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD han coincidido en que debe existir un órgano anticorrupción, lo que significa un “aliciente” para llegar a consensos en esta materia.
Expuso que la iniciativa del Ejecutivo federal busca expedir una ley federal anticorrupción mediante una reforma constitucional, con el objetivo de que la comisión nacional se encargue de prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa a los funcionarios públicos que sean responsables de corrupción.
Por su parte, José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, informó que ese organismo elaborará un documento que contendrá un análisis de temas esenciales para el funcionamiento de la comisión anticorrupción, que tienen que ver con la planeación, investigación y sanciones.
Estimó necesario crear las condiciones para que la ciudadanía tenga confianza en esta nueva institución y se impulse la participación de la sociedad civil.
Precisó que tendrá que analizarse minuciosamente, si es conveniente o no, que cuente con facultades para ejercer acción penal o que esa atribución sea sólo de la Procuraduría General de la República.
A su vez, Mario Marcel, subdirector de Gobierno y Desarrollo Territorial de la OCDE, dijo que este organismo internacional ofrecerá información desde distintos ángulos, a fin de tener un referente para trabajos futuros”.
Sugirió que en las propuestas que están en discusión en el Congreso se dé énfasis a la independencia del órgano anticorrupción, a los recursos que necesitará para su funcionamiento, en la jurisdicción o ámbito institucional de acción.
Para Patrick Moulette, jefe de la División Anticorrupción de la Organización, una de las medidas fundamentales que debe contener la comisión es proporcionar a la personas un proceso efectivo para denunciar la conducta indebida de los funcionarios.
Asimismo, que se garantice la protección de los denunciantes, pues sería uno de los recursos principales para incentivar la participación ciudadana en el combate a este delito.
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