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De aprobarse la propuesta, el Estado estaría obligado a impulsar las acciones necesarias para el desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria, que permitan la sustentabilidad agroalimentaria de la población mexicana.
Al explicar los alcances de la iniciativa, la senadora Lisbeth Hernández Lecona señaló que el mal uso de los alimentos disponibles y la toma de decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos, propician factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados, y enfermedades como diabetes, anorexia, bulimia y obesidad.
Consideró que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblo a definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña mediana producción, respetando su cultura, diversidad y gestión en espacios rurales.
En su opinión, la seguridad alimentaria es el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizando un estado de bienestar que coadyuve a su desarrollo.
Citó que de acuerdo a cifras del CONEVAL, de un total de 28 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza alimentaria, 46 por ciento está en situación de pobreza multidimensional.
Adicionalmente, dijo, los índices de importación de México advierten que se compra al exterior poco más del 25 por ciento del maíz, casi la mitad del trigo, 80 por ciento del arroz, 90 por ciento de soya, 40 por ciento de sorgo, y el siete por ciento de fríjol que consumimos, aseguró.
Es decir, el país importa el 40 por ciento de los alimentos que se requieren y para ello se destinan más de 20 millones de dólares al año.
La reforma, subrayó, responde a la necesidad prioritaria de modelos que permitan comprender, mejorar y diseñar sistemas de producción agrícola y de transformaciones a escala territorial.
La senadora por Morelos señaló que se trata de hacer realidad la exportación de lo que se produce en cada estado, a fin de que según las necesidades o abundancia de cada entidad federativa se implementen las acciones pertinentes para actuar.
La iniciativa de reformas al Artículo 4º constitucional se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera.
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