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El senador perredista Ángel Benjamín Robles Montoya propuso ciudadanizar la contraloría del Estado, para que goce de patrimonio y personalidad jurídica propia, le otorgue autonomía plena e independencia en su accionar y sólo le rinda cuentas al pueblo de México.
De aprobarse la iniciativa que reforma la Constitución, México honraría lo estipulado en los acuerdos internacionales que ha firmado, especialmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
El legislador señaló que el contralor ciudadano será propuesto por instituciones educativas y organizaciones civiles, de acuerdo a su accionar profesional, currículo y honorabilidad, que encaje con el perfil deseado, será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores y durará en su encargo cinco años.
Dentro de sus funciones, la Contraloría Ciudadana estaría encargada de coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental y sería responsable de aplicar el régimen disciplinario de los servidores públicos.
De esta manera --afirmó-- se logrará la independencia e imparcialidad en los procesos de responsabilidad penal que se instauren por faltas u omisiones de cualquier funcionario público.
El senador por Oaxaca también apuntó que el organismo podría iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad penal en materia de corrupción, cuando por cualquier medio se entere de que algún servidor público violó la ley, así como investigaciones a partir de denuncias ciudadanas
En su exposición, Robles Montoya calificó como despropósito que la contraloría del Estado, encargada de vigilar el manejo de los dineros, esté a las órdenes del Ejecutivo federal, porque no se podrá avanzar en el combate a la corrupción ni en el uso óptimo, honesto y transparente de los recursos públicos, si el Contralor del Estado sigue estando suscrito a la autoridad del Ejecutivo.
El nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública por parte del Presidente de la República alienta la opacidad y pervierte la función primigenia de un órgano que, en teoría, debería fungir como censor de toda práctica ilegal en la administración pública, agregó.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda.
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