Número-1457 

• En los últimos siete años, se registraron siete mil 214 ataques a doctoras y doctores en hospitales del país, señala.

 

En los últimos años se ha incrementado el número de médicos secuestrados por organizaciones criminales, ya sea para pedir recompensa económica o para atender a delincuentes heridos, entre otras razones.

 

Cada vez es más frecuente esta práctica, donde el personal de Salud es llevado a la fuerza para atender a sicarios de los cárteles que operan en diversas zonas del país, señaló el senador por Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez Herrera, al proponer adicionar el párrafo quinto y sexto al artículo 51 del Código Penal Federal.

 

El legislador duranguense propuso que cuando se cometa delito doloso en contra de personal del sector salud, con la intención de provocar un daño, limitar, menospreciar o transgredir cualquiera de sus derechos, se aumente hasta dos tercios la pena establecida para el delito cometido.

 

En el caso que precede, se incrementará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido de manera directa o en comisión por un servidor público en ejercicio de sus funciones, agregó.

 

En Movimiento Ciudadano, agregó, sabemos que la crisis del sector de salud público no es una problemática nueva, desde hace décadas el personal sanitario se ha pronunciado en contra de la violencia que se vive al interior de los centros de trabajo y las necesidades que padecen a la hora de desarrollar su labor.

 

Tal pareciera, asentó, que en México ser médico es una profesión de alto riesgo, ya que están expuestos a secuestros y agresiones físicas.

 

Ante esta situación doctores y personal de enfermería rechazan trabajar en municipios donde prevalece la inseguridad por miedo de ser víctimas de un ataque o muerte de parte de grupos criminales, puntualizó.

 

Sostuvo que en los casos más graves, el personal sanitario ha tenido que dejar sus hogares, el lugar donde viven y hasta del país, al no contar con las garantías para el resguardo de su integridad física.

 

Un informe del Colegio de Médicos indica que doctoras y doctores reciben amenazas directas, y prefieren abandonar su fuente de trabajo, al recibir constantes llamadas de extorsión.

 

Por ello, considero fundamental incrementar las penas a quienes agredan al personal del sector salud de nuestro país, en ausencia de una regulación proporcionalmente punible a la situación que se vive en México, abundó.

 

Estas situaciones, dijo, nos obligan a construir el andamiaje jurídico para castigar con mano firme a los agresores que vulneran los derechos humanos, la integridad y el bienestar del personal de la salud en el país.

 

Informó que la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial han expresado su gran preocupación por el aumento de la violencia contra el personal del sector salud en México y en el mundo.

 

Las relaciones entre profesionales sanitarios y los pacientes o sus acompañantes pueden adquirir, en algunos casos, un clima de agresividad en relación a una posible acumulación de malentendidos, resentimientos o miedos, que deberían ser detectados y desactivados antes de que pudieran originar una agresión.

 

Aseveró que la mayoría de los ataques son cometidos por familiares de personas internadas en los nosocomios, por diversas razones, desde culpar al médico por el estado de salud del paciente y equivocaciones en el tratamiento, hasta desconfianza en las decisiones de las y los médicos.

 

El senador Enríquez Herrera señaló que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 2012 a marzo de 2019, se registraron siete mil 214 ataques a los doctores en hospitales del país.

 

A este panorama, añadió, también se suman otros inconvenientes como los bajos sueldos, malos tratos de directivos, equipo obsoleto y saturación de trabajo por el alto número de pacientes.

 

En la iniciativa el senador de MC, también refiere a las agresiones que se han dado contra el personal médico a partir de la pandemia por Covid-19.

 

Explicó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) recibió 140 denuncias por discriminación y agresiones relacionadas con la emergencia sanitaria las cuales se han incrementado conforme pasan los días.

 

Las agresiones físicas y verbales en contra de médicos y enfermeras son consecuencia de la idea errónea de que al ser la primera línea de defensa el personal de la salud es probablemente portador del coronavirus, concluyó.

 

La Iniciativa que adiciona el párrafo quinto y sexto al artículo 51 del Código Penal Federal, se turnó directamente a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda.