Número-1447 

  • Por crisis económica se prevé insolvencia de los padres de familia para cubrir las cuotas escolares de sus hijos.

 

La crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 generará problemas sociales, como la insolvencia de los padres de familia para cubrir las cuotas escolares de sus hijos y es previsible que algunos alumnos de escuelas particulares tengan que abandonar las aulas sin concluir sus estudios.

 

En este contexto, la senadora Nadia Navarro Acevedo promueve un proyecto de ley para asegurar que los estudiantes puedan concluir el ciclo escolar, incluso cuando existan adeudos en sus colegiaturas.

 

La legisladora de Acción Nacional refirió que en México, el servicio escolar impartido por particulares representa poco más del 14 por ciento del sistema educativo. En el ciclo escolar 2018-2019, se registró un total de 46 mil 465 instituciones de carácter privado, en las que estudian alrededor de cuatro millones 801 mil 98 alumnos a nivel nacional.

 

“No obstante, los esfuerzos de los padres y madres de familia por dar una educación privada a sus descendientes se ven mermados por dificultades e imprevistos económicos”, expresó Navarro Acevedo.

 

“Esta recesión económica, sin duda, generará problemas sociales como la insolvencia de los padres de familia, que tendrán que optar entre pagar créditos, alimentación, servicios de salud, servicios básicos y además la colegiatura de sus hijos.

 

Es previsible que existirán aún más casos en los que los estudiantes tendrán que abandonar sus aulas, realizar un cambio por alguna institución con una oferta económica más accesible o esperar los periodos de inscripción en espacios públicos para continuar con su formación académica”, advirtió.

 

La senadora presentó una iniciativa para reformar el artículo 146 de la Ley General de Educación, a fin de establecer que en ningún caso se atentará contra la dignidad y los derechos de los educandos, se retendrán documentos personales y académicos o se negará el acceso a las instalaciones, a clases, a realizar exámenes o evaluaciones, por el cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación.

 

En los casos de adeudos se debe garantizar y respetar el derecho de los alumnos a la educación, a la terminación del ciclo de escolar correspondiente y a la no discriminación, planteó en el proyecto, que fue turnado a las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos.