Número-1398 

• Previenen que la economía se encuentra en estancamiento y empeorará en el corto plazo, al entrar en una fase de mucho mayor presión.

Las y los senadores del Grupo Parlamentario de PAN exhortan al Ejecutivo Federal a que revise la política de transferencias a través de los programas sociales ponga en marcha un paquete de apoyos por encima de la línea de bienestar urbana para ayudar a la gente más pobre del país, y de esa forma enfrentar la actual y futura crisis económica que provocará la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la caída de los precios internacionales del petróleo.

 

A través de un punto de acuerdo, los legisladores coordinados por el senador Mauricio Kuri, precisaron que su propuesta obedece a la intención de atender dos preocupaciones que tienen muchas y muchos mexicanos, y que son:

 

Primero, que la economía se encuentra en estancamiento y empeorará en el corto plazo, al entrar en una fase de mucho mayor presión derivado de la guerra de precios del petróleo, desencadenada por Rusia y Arabia Saudita, así como por la crisis económica que provocará la emergencia sanitaria del Covid-19.

 

Señalan que a las malas decisiones económicas de carácter endógeno, se suman las difíciles condiciones económicas que devienen del exterior, es decir, las de carácter exógeno, como son la disminución de la estimación de ingresos petroleros derivada de la guerra internacional de precios, así como por la crisis económica internacional que la pandemia del coronavirus generará irremediablemente.

 

Segundo, que la situación del diseño actual de los programas sociales del Gobierno Federal adolecen de una política social integral que permita avances ciertos en materia de abatimiento de la pobreza y la desigualdad.

 

Aseguran que los mismos no cuentan con metas alineadas a propósitos comunes y, muchos de ellos, tampoco con indicadores de medición, responsables claros y definidos.

 

Esto provoca que los mismos, lejos de garantizar la vigencia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en forma integrada, se conviertan en una serie de planteamientos aislados y desarticulados que parecieran obedecer más a ocurrencias, o a atender objetivos clientelares o electoreros, que a generar mejores condiciones de bienestar entre la gente.

 

De acuerdo con reportes del Coneval, expusieron que el Estado mexicano cuenta con 6 mil 491 programas y acciones de desarrollo social en todo el país. De ellos, 152 son federales, 2 mil 528 son estatales, y 3 mil 811 son municipales.

 

Tras una revisión exahustiva, dicen haber encontrado en muchos de ellos la existencia de duplicidades y empalme de objetivos; otros son tan pequeños que son insuficientes para atender el problema que se plantean y resultan en dinero “tirado”; otros más son sumamente opacos, carecen de reglas de operación, de indicadores de medición, de comprobación de gasto, de padrones de beneficiarios, etcétera, que se vuelven cajas chicas para el uso discrecional y hasta arbitrario.

 

Todos estos problemas de duplicidad, empalme, insuficiencia, opacidad, discrecionalidad, dispendio y uso clientelar, aseguran que son comunes en los tres niveles de gobierno, porque entre los programas sociales del gobierno federal encontraron esos problemas y, en algunos casos, de manera más acentuada inclusive.

 

Por estas razones, subrayaron los senadores panistas, se deben revisar los programas sociales para reencauzarlos en apoyos mejor diseñados a favor de la economía familiar en las zonas más pobres del país, y de esa manera enfrentar la presión económica que provocará la crisis sanitaria por el Covid-19 y los factores económicos externos, como la caída histórica en los precios internacionales del petróleo.

 

La propuesta fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.