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En el encuentro, la consejera electoral María Marván Laborde reconoció que la reforma debe incluir a los partidos políticos como sujetos obligados, pues de no hacerlo “sería leído como un retroceso”.
Destacó que a partir de la reforma política de 2007-2008 los partidos “ya son sujetos obligados indirectos y tienen una serie de obligaciones tanto de transparencia como de acceso a la información”.
Recordó que la Carta Magna los define como entidades de interés público y de acuerdo con el artículo 41 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales toda persona tiene el derecho de a acceder a su información a través del IFE.
Al incorpóralos de manera directa como sujetos obligados, dijo, su relación con la sociedad se llevaría a un plano horizontal e implicaría un cambio cultural positivo que favorecería su democratización interna.
Resaltó que con esta medida el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) sería el organismo competente para establecer y regular la política de transparencia de dichas entidades, cuyo funcionamiento está exento de “coyunturas y decisiones políticas del proceso electoral”.
Además, se evitaría “la judialización del derecho” y el Instituto Federal Electoral “dejaría de ser el único sujeto obligado que hasta hoy se hace responsable de información que no es suya”.
Advirtió que entre las desventajas se encuentran que los partidos políticos serían responsables de su propia información sin la mediación del órgano electoral y se perdería el control y la supervisión de los procedimientos de acceso a la información por parte del IFE.
Otra desventaja importante, subrayó, es que “se desmembraría el modelo regulatorio de los partidos” y “la calidad y confiabilidad de la información pudiera verse mermada”.
Sin embargo, ante un reforma constitucional y legal en el rubro, agregó, “resulta pertinente discutir la posibilidad de contemplar a los partidos como sujetos obligados directos y esto implica modificaciones en su propia estructura y en el modelo regulatorio institucional”.
Por su parte, el consejero Javier Guerrero Aguirre expresó que “existe en la opinión pública una idea equivocada que señala que los partidos políticos están en la opacidad”, ya que colaboran con el IFE en la rendición de cuentas.
Resaltó que de las cinco mil 348 solicitudes de acceso la información que se presentaron en 2011, cinco mil seis fueron concluidas durante ese mismo año y “sólo tenemos ya de se total 342 en trámite”.
En su turno, Alfredo Figueroa Fernández coincidió en que los partidos deben ser sujetos obligados a la transparencia porque son entidades de interés público y reciben recursos públicos de manera primordial.
Pero “deslizar o pasar” estas atribuciones a otras instituciones tiene que ser sin “detrimento” de la equidad en la competencia política y los procesos electorales “y esta es una advertencia que no debe ser menor” en la determinación del Poder Legislativo.
A su vez, Ernesto Carpizo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó la importancia de que el IFE conserve la facultad de acceso a la información en los partidos políticos, pues “ha funcionado bien y son ellos los expertos”.
Para Miguel Ángel Pulido Jiménez, director de la organización Fundar, con la reforma constitucional se debe mejorar la calidad de las respuestas de los órganos garantes y superar las presiones políticas en las que se encuentran.
Por último, el presidente del IFE, Leonardo Valdez Zurita, precisó que el organismo debe seguir siendo un sujeto obligado directo, independientemente de si se incluye a los partidos políticos en esta condición.
En el debate, el senador priista Raúl Cervantes Andrade precisó que en la Cámara de Senadores “no queremos que exista una tensión institucional entre dos órganos autónomos” ni un conflicto de normas constitucionales.
Consideró que única manera de “evolucionar en la democracia e invitar a los ciudadanos realmente a una participación en los partidos políticos y elevar el nivel es dejar en un mismo piso el acceso a las candidaturas internas”.
En tanto, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, informó que con este encuentro concluyeron las consultas públicas sobre el tema y estimó que la próxima semana ya se estará discutiendo el dictamen.
No se trata, precisó, sólo de un rediseño institucional en la materia, sino de fortalecer la garantía de los ciudadanos a acceder libremente a la información pública.
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