Número-849

• 106 mujeres fueron víctimas de agresión entre septiembre de 2017 y junio de 2018.

Para contribuir a que se termine con la violencia política de género, la senadora de Morena, María Merced González González, presentó una iniciativa para reformar el artículo 41 constitucional, y adicionar los artículos 76, 77 y 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, e incluir en los ordenamientos este concepto.

En la exposición de motivos, la senadora explicó que esa violencia se registra al intentar frenar a las mujeres en su intento por ejercer sus derechos político-electorales. Tales acciones frenan y perjudican esos derechos por el "simple hecho de ser mujeres", lo que revela una amplia escala de expresiones en su contra.

Destacó que del 8 de septiembre de 2017, al 12 de junio de 2018, se registraron muchas agresiones en el país. Fueron 106 mujeres candidatas y/o políticas en funciones, las víctimas de asesinatos, amenazas e intimidaciones, secuestros, agresiones con armas de fuego, agresiones físicas o con arma blanca, asaltos con y sin violencia y atentados contra familiares. 

Asimismo, 16 mujeres políticas fueron asesinadas, cinco de ellas eran candidatas y dos precandidatas. Los casos reportados sucedieron en 23 entidades federativas y los estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán, fueron las entidades que representaron el mayor riesgo para la actividad política de las mujeres, al concentrar el 65 por ciento de las agresiones.

Con la reforma propuesta se busca combatir los registros fraudulentos de candidatas, a quienes se obliga a renunciar a los cargos para cederlos a suplentes varones. Otra es la exigencia de los partidos, para que las mujeres firmen de antemano renuncias en blanco, antes de darle registro como candidatas. Una más, es el registro de mujeres en distritos tradicionalmente perdedores, lo cual ya está prohibido en la ley, pero sigue ocurriendo.

De igual manera, se evitaría la limitación o nulo acceso a recursos para campañas. El ocultamiento de información sobre las campañas de mujeres. La desestimación y descalificación de propuestas presentadas por mujeres. Acabar con las agresiones verbales estereotípicas y discriminadoras.

Finalizar con el acoso, los ataques físicos, la violencia sexual e, incluso, el asesinato en contra de mujeres que buscan participar en política. Mencionó que hasta ahora, las agresiones a mujeres políticas se atienden en materia penal, pero en materia electoral no ocurre lo mismo.

La legisladora argumenta que debido a la cultura patriarcal imperante en México, estas acciones se han visto con normalidad, pero en la medida que avanza la lucha por los derechos de las mujeres y la equidad de género, se ha establecido un esfuerzo por erradicar estas prácticas desleales, inequitativas y claramente violatorias del Estado de Derecho y la Democracia.

Subrayó que en algunos institutos políticos de izquierda, se han logrado avances en sus estatutos. También se han realizado reformas a la Constitución, orientadas a mejorar la equidad de género, pero no están orientadas al aspecto político.

La senadora María Merced González González, respalda su iniciativa en un análisis del trabajo realizado en las últimas cinco legislaturas de la Cámara de Diputados (1997 a 2012).

En ese lapso de tiempo, dijo, fueron presentadas 360 iniciativas que tenían que ver con los derechos o intereses de las mujeres, de éstas 73.3 por ciento fueron presentadas por diputadas y 26.7 por ciento por diputados.

El 70 por ciento versaba sobre el impulso y mejoramiento de la vida de las mujeres desde una perspectiva feminista; 3.6 por ciento apuntaban a reforzar el papel tradicional de las mujeres dentro de la sociedad y 21.4 por ciento se centraba en iniciativas relativas al bienestar de la niñez.

La iniciativa fue turnada para su análisis, a la Comisión de Puntos Constitucionales.