Número-835

• En el caso de faltas no graves aumentará de tres a siete años; las graves no prescribirán.

La senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para aumentar el plazo de prescripción de faltas administrativas no graves, cometidas por servidores públicos, a siete años, y dejar sin opción a la misma cuando se trate de infracciones graves.

La iniciativa busca evitar que aquellos servidores públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves reduzcan sus posibilidades de no ser juzgados, abrir las posibilidades de juzgar a quienes cometan actos de corrupción y abonar a la eliminación de la impunidad en nuestro país.

El documento considera lamentable que los actos de corrupción cometidos por servidores públicos queden impunes. “No podemos permitir que la Ley sea tolerante con quienes intentan burlarla y así obtener beneficios ilícitamente”, sentencia.

Indica que la impunidad ha adquirido mayor relevancia ante los grandes casos de corrupción, cuando los supuestos responsables —políticos, empresarios, funcionarios, exfuncionarios y sus familiares— permanecen en libertad o nunca son puestos a disposición de un juez.

Debido a los múltiples casos de desvío de recursos, peculado y otros actos de corrupción que han sido olvidados con el paso del tiempo, la iniciativa busca dar solución y término a dichos sucesos, con el ánimo de recuperar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, así como en las instituciones y en la impartición de justicia.

La legislación actual establece un plazo de tres años para que los órganos internos de control impongan sanciones a quien cometa faltas administrativas no graves, por lo que la iniciativa pide aumentarlo a siete. Además, establece que cuando se trate de faltas administrativas graves no habrá lugar a prescripción.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue turnado directamente a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.