Número-734

 

• Entre 2012 y 2016 la SFP recibió 45 mil 108 denuncias de servidores públicos, solo el uno por ciento fue resuelto por destitución de funcionarios.

 

 

La senadora, Rocío Adriana Abreu Artiñano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que los servidores públicos sean sancionados por incumplimiento administrativo de las responsabilidades que implique su cargo o comisión.

 

 

La presidenta de la Comisión Jurisdiccional, señaló que Ley General de Responsabilidades Administrativa contempla sanciones sobre actividades ilegales o actos indebidos por parte de los servidores públicos, pero no sobre la omisión de las actividades administrativa, lo cual deviene en una laguna legal.

 

 

Aseguró que las conductas de corrupción, complicidad e irresponsabilidad de algunos servidores públicos respecto al desempeño de sus labores provoca que los ciudadanos no confíen en las instituciones, remarca la desigualdad social, crea desconfianza de los mercados y cuesta entre cinco y diez por ciento del PIB.

 

 

Detalló que entre 2012 y 2016 la Secretaría de la Función Pública, recibió 45 mil 108 denuncias de servidores públicos, de las cuales diez mil 108 (aproximadamente 28 por ciento) acabaron en sanciones, y 404 funcionarios fueron destituidos (uno por ciento del total de denuncias).

 

 

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, recalcó que la omisión es un acto de corrupción, por no haber procuración justa. Estos cambios combatirán la corrupción, la opacidad y las malas prácticas gubernamentales y servirán para fortalecer su trabajo apegado a la legalidad honradez, rendición de cuentas, eficiencias y dando resultados a los mexicanos”, apuntó.

 

 

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidad de Corrupción Transparencia y Estudios Legislativos Segunda.

 

 

 

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