Número-365

• Deben observarse las cualidades de: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, habitabilidad, accesibilidad, entre otros.

 

Con la Política Nacional de Vivienda 2018-2024 se definió un Programa de Vivienda Social, cuyo eje rector es promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de los mexicanos a una vivienda adecuada, preferentemente a la población de bajos ingresos en rezago habitacional o con necesidad de vivienda y sin acceso a recursos o financiamiento suficiente para obtener una adecuada.

 

No obstante, el derecho a una vivienda digna y decorosa no ha sido garantizado plenamente para los ciudadanos, ya que su accesibilidad es desigual, limitada a ciertas regiones y grupos, consecuencia del escaso impacto de las políticas implementadas en la materia.

 

Por ello, el Senado recomendó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, atender el punto 1.2 de las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2019, referente a las cualidades de: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y la adecuación cultural que identifican el Derecho Humano a la Vivienda Adecuada.

 

En el dictamen avalado por el Pleno se resalta la necesidad de conducirse con una adecuada aplicación del Programa de Vivienda Social, a fin de salvaguardar el inalienable derecho de la población a una vivienda digna, así como evitar los errores que han impedido el éxito en administraciones pasadas.

 

Expone también que más de la mitad de los mexicanos no cuenta con ingresos suficientes para la adquisición de una casa, e informa que la Comisión Nacional de Vivienda entregó a 92 mil 700 mexicanos y sus familias, subsidios para viviendas en un período de enero a octubre del 2018.

 

De igual manera señala que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón ocurrió el llamado "boom" del desarrollo inmobiliario de interés social, es decir, viviendas para personas de bajos recursos que podían ser adquiridas a crédito, principalmente otorgados por el Infonavit.

 

No obstante, precisa el texto del dictamen, se han detectado millones de viviendas abandonadas por motivos como defectos en la construcción, ubicación en zonas de riesgo o porque simplemente la gente no puede pagarlas.

 

 

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