Número-300

• En 2018 fueron asesinados 412 elementos policiacos en México.
• El fondo busca brindar estabilidad económica a sus familias.

 

En reunión ordinaria, la Comisión de Seguridad Pública, que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, aprobó diez dictámenes que le fueron turnados para su análisis por la Mesa Directiva.

 

Entre ellos, destaca un exhorto a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas para que establezcan un fondo estatal de apoyo a familiares y dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.

 

De acuerdo con la organización ciudadana Causa en Común A.C., en 2018 hubo un total de 412 elementos policiacos asesinados en todo el país. Guanajuato tuvo 64 policías asesinados, mientras que Guerrero alcanzó la cifra de 43, Veracruz 34, Chihuahua y Puebla 28 casos, Jalisco 24 y la CDMX 19, por mencionar algunas entidades federativas.

 

El dictamen detalla que las familias de los policías fallecidos por algún hecho derivado de su trabajo frecuentemente tienen que afrontar, además de la pérdida del ser querido, la ausencia del principal contribuyente económico, una reorientación general de la vida cotidiana al interior del hogar y trastornos por la ausencia de este.

 

Ante esta situación, la Ciudad de México estableció un fondo que busca contribuir a la estabilidad económica después de haber perdido a la persona que aportaba el principal ingreso económico de la familia, y aportar servicios, actividades y programas con objeto de que puedan tener un desarrollo integral pleno; y que les permita un crecimiento sano, sustentable y en condiciones de bienestar y desarrollo tanto físico, psicológico, material y social.

 

El texto referido explica que el modelo creado por dicha entidad establece que el administrador y operador de dicho fondo sea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF local, e integra un comité con los titulares de la Jefatura de Gobierno y las Secretarías de Gobierno, Contraloría, Seguridad Pública, Salud, Desarrollo Social, Educación y Finanzas, así como la Procuraduría General de Justicia y el Instituto de Vivienda.

 

Esta estructura, apunta, tiene como propósito que los casos analizados como susceptibles de acceder a los recursos del fondo, lo hagan de manera inmediata y mediante un proceso simplificado, que responda en forma expedita a las necesidades que enfrentan las familias de las y los policías muertos en el cumplimiento de su deber.

 

El dictamen con punto de acuerdo tiene como propósito exhortar a las entidades federativas que aún no cuenten con un mecanismo igual o similar al desarrollado en la Ciudad de México, a atender esta situación que resulta lacerante para la sociedad y especialmente compleja para las familias e individuos víctimas de tal situación.

 

Igualmente, la comisión recibió un comunicado por el cual se informó del turno de diversas iniciativas en materia de regulación de cannabis a las Comisiones de Justicia; Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, con la opinión de la de Seguridad Pública.

 

En este sentido, se propuso que la secretaría técnica de la comisión se encargue de elaborar una propuesta de opinión y la haga llegar a las y los legisladores a más tardar el próximo jueves 10 de octubre, para que se convoque a una sesión el martes 15 que aborde dicho tema. La comisión sólo se encargará de emitir una opinión al respecto.

 

Finalmente, acordaron que la comparecencia ante la comisión del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, se llevará a cabo el 29 de octubre a las 9:30 horas.

 

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