Número-273

• Analizan legisladoras y legisladores situación actual del Instituto.

 

Como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno, senadoras y senadores analizaron junto con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, diversos temas como la situación de las pensiones, el caso de la Guardería ABC, gasto y subejercicios y sobre el abasto de medicamentos, entre otros.

 

El presidente de la Comisión de Salud, senador Miguel Ángel Navarro Quintero, manifestó la necesidad de que el Legislativo y el Gobierno Federal unan esfuerzos para fortalecer al IMSS en este nuevo ciclo. Tenemos que comprometernos con el Seguro Social porque sin duda representa la estabilidad política, social y económica que demanda, hoy más que nunca, el pueblo de México, resaltó.

 

Es momento de unir esfuerzos y no jugar a las vencidas. Construir juntos el andamiaje. El Legislativo es necesario en este proceso de reingeniería que vive el Instituto, subrayó el legislador de Morena.

 

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Gricelda Valencia de la Mora, reconoció el trabajo del funcionario, pero señaló que aún existen retos en el servicio de guardería, ampliación de beneficiarios e incluir como derechohabientes a periodistas, campesinos y trabajadores independientes.

 

Dijo que la decisión de ubicar en los estados a los mejores profesionistas genera gran confianza, debido a que estos espacios ya no serán utilizados “para pagar cuotas políticas, como se hacía”.

 

Preguntó el motivo por el cual se usa la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en el cálculo de las prestaciones de seguridad social. “Este criterio sólo se aplica para el pago de las prestaciones, más no para el cobro”.

 

Solicitó que el Instituto analice otras opciones y vías para obtener ingresos propios. “Los senadores somos sensibles a sus postulados y estamos en la mejor disposición para apoyarlo”, concluyó.

 

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, expresó que se debe impulsar una campaña profunda para que el personal médico conozca su obligación a orientar y acompañar a una mujer víctima de violencia, así como a la interrupción legal del embarazo en caso de violación.

 

Su compañera de bancada, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, planteó la necesidad de impulsar un plan para que las campesinas y campesinos de México estén protegidos por el Seguro Social.

 

Por su parte, la senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, subrayó que mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato y el rezago en infraestructura es “brutal”. Además, dijo, no hay garantía para surtir recetas médicas.

 

La legisladora preguntó sobre la campaña de donación de sillas y camas que impulsó el IMSS, así como la situación laboral y psicológica de los médicos residentes ¿Cuántas plazas hay actualmente y cuántas se piensan ampliar para 2020? ¿Qué atención psicológica están recibiendo? ¿Para cuándo se puede garantizar que existan las vacunas suficientes?

 

Del PRI, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez comentó que en el caso de la Guardería ABC, el Presidente de la República hizo el compromiso de reconocer a todos los niños como lesionados. Sin embargo, denunció que en la realidad sigue habiendo un trato diferenciado hacia ellos, pues no todos reciben los servicios médicos adecuados.

 

Indicó que un acuerdo emitido por el Consejo Técnico del IMSS, el pasado 16 de julio, hace una distinción entre los beneficiarios y habla, otra vez, de fallecidos, lesionados y surge una nueva categoría muy parecida al de expuestos, lo que ocasiona que no haya un trato igualitario para las víctimas en la atención médica.

 

En tanto, la senadora del PVEM, Leonor Noyola Cervantes, indicó que el Gobierno ha mantenido una postura de inclusión con los migrantes centroamericanos, donde el IMSS ha brindado atención médica gratuita y de calidad. Sin embargo, destacó que entre los estados con más rezago en cuanto al número de camas por derechohabiente, son Chiapas y Tabasco.

 

En este sentido, preguntó al funcionario sobre el impacto que tiene proveer servicios de salud a migrantes, donde hay más rezago por parte del IMSS, así como las acciones que ha llevado a cabo el Instituto para mitigarlos.

 

Al responder, el funcionario indicó que las pensiones se calculan con la UMA a partir de 2016 y cambiarlo a salario mínimo generaría un impacto en las finanzas del Gobierno Federal. Calcular las pensiones de manera distinta implicaría mayor presión para las finanzas públicas del país, precisó.

 

Respecto al control del gasto en el Seguro Social, comentó que había un subejercicio enorme, pero se ha detenido y avanzado para el cierre del tercer trimestre. Refirió que en el primer trimestre del 2019, el sub ejercicio acumulado era de 20 mil millones de pesos; en el segundo trimestres estaba en 27 mil millones de pesos; y al cierre del mes de septiembre, ya se ejerció 96 por ciento del presupuesto aprobado al corte del primer trimestre.

 

Zoé Robledo señaló que se tiene un aprovisionamiento de medicamentos y material de curación que garantice el abasto de los primeros meses de 2020. También destacó que el Instituto terminaría el año con 98 por ciento de eficiencia en términos de recetas entregadas, sin embargo, “esos puntos nos habla de un problema que hay que seguir atendiendo”.

 

En otro tema, aseguró que la homologación de los servicios médicos para todas las víctimas de la Guardería ABC es parte fundamental de los compromisos a los que llegó con los padres y madres. Es uno de los esfuerzos de reparación de daño más importantes porque se quitó la diferenciación en la atención médica, aclaró.

 

Recordó que los recursos que se destinan para este caso provienen de un fideicomiso manejado por la Secretaria de Hacienda. Fue en él donde se cambiaron las reglas para que todos puedan recibir atención médica sin discriminación, subrayó.

 

Informó que en este momento hay dos investigaciones contra personal del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (Caice) y un proveedor, “que pudieron haber hecho mal uso de recursos” de las prestaciones que se destinan al caso de la Guardería ABC.

 

La Auditoría Superior de la Federación encontró una afectación porque se habían detenido una serie de prestaciones para ese asunto, agregó.

 

Por otro lado, destacó que la campaña de donación de sillas y camas es de la Fundación IMSS y se implementó porque el acompañamiento de un familiar puede resultar incómodo y no se pueden erogar recursos para quien no es derechohabiente.

 

En este sentido, informó que es falso que se pidiera dinero para comprar equipo para el Instituto. “Afortunadamente, la controversia nos generó una recaudación histórica de más de 5 mil sillas-cama”.

 

El planteamiento sobre los migrantes no genera un impacto a las finanzas del seguro Social. “Es un tema muy sensible y sería inaceptable que nuestro país no lo suministre”. Se trata de cumplir con la tradición mexicana de reconocer el derecho al asilo, así como con el mandato constitucional, puntualizó.

 

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