Número-264

• El director general del Instituto compareció ante las comisiones de Salud y Seguridad Social del Senado.
• Estados le deben al Instituto casi 58 mil millones de pesos, advierte.

 

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, advirtió que, por la falta de planeación e inversión en infraestructura en las pasadas administraciones, el Instituto enfrenta “problemas serios de saturación en hospitales y clínicas”, así como una serie de contingencias económicas por pasivos, juicios, adeudos de los estados, obras inconclusas y personal temporal.

 

 

El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado compareció ante las comisiones de Salud y Seguridad Social (ISSSTE), que presiden los senadores Miguel Ángel Navarro Quintero y Gricelda Valencia de la Mora, respectivamente, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal.

 

 

Al inicio del encuentro, la senadora Gricelda Valencia asentó que el ISSSTE es una de las instituciones troncales en la atención de la política social por la responsabilidad que tienen para atender a los trabajadores del Estado.

 

 

La senadora destacó la importancia de conocer cómo se enfrenta “el difícil estado financiero” del Instituto. La demanda de recursos, dijo, es mucha, no sólo en atención médica, sino también en rubros como el pago de pensiones, el otorgamiento de créditos para los trabajadores, vivienda y mantenimiento de los centros de descanso.

 

 

En su exposición, Ramírez Pineda dio conocer que al 2018 el déficit en el seguro de salud fue de 14 mil 996 millones de pesos. Además, en este año “nos hemos dedicado a atender contingencias heredadas por falta de planeación y porque nos alcanzaron, desafortunadamente, las enfermedades y la edad de los derechohabientes”.

 

 

Recordó que esta administración recibió un pasivo de más de 18 mil millones de pesos, “que se ha ido atenuando y disminuyendo”, pero también “se van sacrificando otras áreas” porque tenemos que pagar a prestadores de servicios, particularmente de servicios integrales y medicamentos.

 

 

También “heredamos 16 mil 428 sentencias pendientes para pensiones, que representan un costo más o menos de 2 mil 300 millones de pesos”; adicionalmente, se enfrentan 122 mil 800 juicios que están en proceso y que pueden causar un daño patrimonial de siete mil millones de pesos en pensiones y 6 mil 200 millones de pesos en materia laboral.

 

 

Si no atendemos esto, alertó, “nos va a generar problemas y costos adicionales que pueden ser de hasta 140 millones de pesos. Ya nos están embargando cuentas por parte de los tribunales, así como también sanciones e inhabilitaciones a los funcionarios del Instituto”.

 

 

Luis Antonio Ramírez dijo que otra contingencia tiene que ver con los adeudos de las entidades. A la fecha, señaló, los estados le deben al Instituto casi 58 mil millones de pesos. El tema, consideró, es delicado porque este adeudo no permite disponer de los recursos para invertirlos en los servicios que se prestan.

 

 

Otra manera de ver las dificultades que padece el ISSSTE, continuó el funcionario, es la oferta en el número de camas. En 1966, recordó, teníamos 1.75 camas por cada mil habitantes. Actualmente, advirtió, “tenemos 0.54 camas por cada mil habitantes”.

 

 

Como podemos darnos cuenta, la oferta de camas para atender a los pacientes ha disminuido. Con el tiempo se dejó de invertir para ampliar la infraestructura y por eso “enfrentamos problemas serios de saturación en hospitales y clínicas”. Esto, enfatizó es consecuencia de que se dejó de invertir por mucho tiempo.

 

 

Refirió que de 1999 a 2003 la inversión en infraestructura prácticamente fue nula; de 2004 a 2009 aumentaron los recursos, pero de 2010 al 2018 se cayó la inversión alrededor del 72 por ciento.

 

 

Dijo que en el Informe Financiero y Actuarial se señala que las cuotas y aportaciones no son suficientes para poder subsanar los gastos en el seguro de salud.

 

 

En el Instituto no se hizo la planeación en tiempo para hacer frente a la evolución de la edad de la población derechohabiente. “Tenemos una concentración” en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión, en personas de 40 años para arriba.

 

 

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