Número-146

• Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU preocupado por el retraso mexicano: Padilla Peña

 

El senador Joel Padilla Peña presentó a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un Punto de Acuerdo para solicitar al Senado que exhorte a los titulares de los gobiernos de las 32 entidades del país, y al presidente de la República, para que conformen a la brevedad las instituciones participantes en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para que multipliquen los esfuerzos e implementen la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

 

Señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que desde 2007, encontró más de mil 300 fosas clandestinas con más de tres mil 900 cuerpos en 17 estados. Periodistas independientes citado por Humans Right Watch acusa una cifra mayor, de casi dos mil fosas en 24 estados .

 

Por su parte la Comisión Nacional de Búsqueda, en su primer informe de actividades de enero pasado, indicó que en México existe un registro de 40 mil 180 desaparecidos. El legislador destaca que la información proporcionada por familiares de desaparecidos indican haber encontrado fosas clandestinas con más de 30 cuerpos en Nayarit, 200 en Sinaloa y 300 en Veracruz.

 

En noviembre de 2018, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la mínima implementación de la Ley aludida, la falta de reglamento y de un coordinador para implementar el plan en los plazos estipulados, amén de los obstáculos surgidos por la distribución de competencias en el sistema federal.

 

No obstante, existe el compromiso de México para que el Comité contra la Desaparición Forzada realice una visita oficial a México en el segundo semestre de 2020. Además de que el Gobierno mexicano aceptó las recomendaciones del Comité de la ONU en materia de Derechos Humanos, hechas en marzo de 2019.

 

Según el documento, al Comité de la ONU le preocupa la falta de independencia en las instituciones, la escasez de recursos presupuestarios, materiales y humanos suficientes, además la inexistencia de un plan de capacitación específico sobre la desaparición forzada, la Convención y la Ley General.

 

El Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictaminación.

 

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