Número-121
- Con la participación de senadores, expertos y representantes de la sociedad civil, se lleva a cabo el Foro “El Impacto de la Legalización del Cannabis en las Personas Jóvenes”.
Deben establecerse mecanismos de control sanitario en el uso del cannabis para evitar que el consumo entre jóvenes se convierta, a corto y mediano plazo, en un problema de salud pública, señaló la senadora Lucy Meza, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte.
Durante la inauguración del Foro “El Impacto de la Legalización del Cannabis en las Personas Jóvenes”, en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, la legisladora dijo que tratar al cannabis de manera neutral, permitirá desarrollar nuevas formas para reducir los impactos negativos de su regularización.
“Resulta necesario un cambio de paradigma hacia la adopción de un nuevo enfoque de fiscalización de esta droga que esté basado en los derechos humanos y orientado a atender a los usuarios, principalmente a los jóvenes”, apuntó.
Además, indicó que el Estado mexicano debe estar preparado para enfrentar la legalización del cannabis, desde la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado y empaquetado. Así como su promoción, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de cannabis y sus derivados para fines lúdico, científicos y comerciales, agregó.
De manera paralela, detalló, el gobierno deberá emprender campañas de prevención de daños a la salud, incrementar los centros de rehabilitación e impulsar políticas públicas dirigidas con perspectiva de reducción de daños. “Tenemos que educar a nuestros jóvenes en este tema tan importante”, puntualizó.
A su vez, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que con la regulación del cannabis, Estado y sociedad se deben involucrar para evitar que los jóvenes menores se vuelvan adictos, además, el sistema de salud debe enfocarse en el tratamiento de los que ya lo son.
Igualmente, señaló que la Ley de Extinción de dominio contempla que las propiedades rurales que hayan sido incautadas por siembra de marihuana regresen a sus núcleos ejidales, con el fin de que la asamblea comunal determine su destino y lleve el control de la cosecha.
Por su parte, el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, indicó que, aunque suene contradictorio, deben implementar una política pública que combata las adicciones y por otro lado atienda la resolución de la Suprema Corte para eliminar la prohibición del cannabis.
Recordó que la historia nos ha demostrado que la prohibición de ciertas sustancias genera mafia, crimen, violencia y muerte. Agregó que se debe arrancar este negocio al crimen organizado, en favor de una producción lícita y acercarla a los sectores comercial, industrial y científico.
En su participación, el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que la legislación en la materia debe tener un enfoque de prevención de adicciones, especialmente a los grupos más vulnerables de la población: los niños y jóvenes.
Además, que estamos ante un cambio de paradigma, pues se está dejando atrás un marco jurídico de prohibición y criminalización, hacia uno nuevo de carácter regulatorio con un enfoque flexible que no persiga a las personas que producen y consumen cannabis.
Durante el foro se realizarán seis ponencias que contarán con la participación de Pablo Muñoz Díaz, secretario de Estudio y Cuenta e la Primera Sala de la SCJN; Jorge Serrano Salgado, integrante de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador y; Óscar Próspero García, investigador y académico de la UNAM;
Además de Dení Álvarez Icaza, consultora legislativa para el proceso de legalización del cannabis en Uruguay; Gustavo Olaiz Fernández, presidente de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis (AMEXICANN) y; Jorge Herrera Valderrábano, representante del Colectivo Instituto RÍA.
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