• La Ley Orgánica de la FGR contempla disposiciones de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
• El Senado de la República tendrá que aprobar el nombramiento de los integrantes del Consejo Ciudadano y el Plan de Persecución Penal de la FGR.

La vigilancia de la ciudadanía sobre la actuación de la Fiscalía General de la República será fundamental para incrementar la eficiencia y eficacia de este órgano autónomo y, en general, para mejorar los resultados en materia de procuración de justicia en el país, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

 

El estudio titulado “La transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana reflejadas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República”, elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, explica que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) contempla mecanismos para garantizar estos principios en la actuación de la Fiscalía como un organismo constitucional autónomo.

 

Entre los mecanismos previstos en la ley para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana se encuentran: la obligación de garantizar el acceso a la información pública, la constitución de un órgano interno de control, la aprobación por parte del Senado del Plan de Persecución Penal de la FGR, así como la conformación de un Consejo Ciudadano, que fungirá como órgano de consulta y evaluación del cumplimiento de las atribuciones de la FGR, detalla el estudio.

 

La investigación apunta que hasta el momento se han registrado diversos avances en la implementación de las disposiciones de la ley. En ese sentido, destaca que el 30 de mayo pasado, la Cámara de Diputados aprobó el nombramiento de Arturo Serrano Meneses como titular del órgano interno de control de la FGR.

 

El Senado de la República, por su parte, avaló el 23 de abril pasado a la comisión de selección que emitirá la convocatoria pública para la conformación del Consejo Ciudadano, el cual se integrará por cinco personas elegidas por mayoría absoluta en la Cámara Alta.

 

En cuanto al Plan de Persecución Penal, el documento del IBD indica que sigue en proceso de elaboración, por lo que el Senado de la República deberá analizarlo y, en su caso, aprobarlo, una vez que haya sido enviado por la FGR. Dicho plan, tendrá que ser analizado previamente por el Consejo Ciudadano.

 

La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4518