Número · 1642

 

• Necesario, establecer criterios para controlar publicidad, reglamentar consumo y gravar fiscalmente al comerciante: Ricardo Monreal. 

Al inaugurar el Foro “Hacía una política de regulación de la Cannabis”, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, reconoció la voluntad de los legisladores para escuchar todas las voces y tomar una decisión sensata que le permita al país avanzar por el camino correcto.

Estamos aquí escuchándolos y deliberado, para que cuando concluyan este tipo de audiencias, en las comisiones redactoras de Justica, Salud y Puntos Constitucionales habremos de emitir un dictamen, aprobable o no, sobre la despenalización y legalización del uso de la marihuana.

“Esta es la intención del Senado de la República, en esta nueva etapa”, recalcó Monreal al asegurar que es un gran avance, que finalmente estemos discutiendo si se debe o no regular el uso de esta sustancia”. Por vez primera, en nuestro país, se está discutiendo, deliberando, escuchando a expertos, ciudadanos, organizaciones.

Consideró necesario encontrar un enfoque diferente para abordar el tema. Un enfoque de salud pública. Por eso está aquí el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, que anteponga el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor como principales ejes rectores de investigación.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta, indicó que la eliminación, prohibición o despenalización de la marihuana en su uso, implica regular la producción, distribución, comercialización, consumo, como en la actualidad se hace con las drogas legales o cualquier otra mercancía. El propósito, que el producto cumpla controles de calidad, no dañe la ecología, ni la salud.

La legalización, por sí misma no acabará con el consumo pero estamos convencidos que tampoco la estimulará, manifestó.

Se trata, agregó, de arrebatarle al narcotráfico, a las bandas del crimen organizado, el control de este proceso productivo, distributivo. Que en la actualidad se realiza en una atmosfera irremediablemente violenta, corrupta, sin control ni calidad, ni gravámenes fiscales, en una situación de riesgo para el consumidor, que está expuesto a consumir sustancias adulteradas y a poder ser privado de su libertad.

Debemos asumir una actitud equilibrada, sensata que no comprometa ni la seguridad de la nación y que garantice el respeto y protección al derecho, al libre desarrollo de la personalidad, en términos de la Constitución y de los tratados internacionales, concluyó el legislador Monreal.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, senador Julio Menchaca Salazar, subrayó la urgencia de regular la producción, distribución y consumo de la Cannabis, ya que las implicaciones no son únicamente para consumo lúdico, sino que representa una opción para quienes la utilizan con fines medicinales y la participación del Estado.

Consideró que la regulación de la planta requiere de la participación y opinión de especialistas, autoridades responsables en materia de salud. Incluso, los fiscales, secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, Fiscalía General de la República, entre otras.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló a su vez que México necesita urgentemente reformar su manera de abordar el uso y consumo de las drogas. La política prohibicionista seguida en los últimos años, ha incrementado la violencia en el país, dijo.

“Esta estrategia ha fallado para proteger la salud, la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los consumidores”, comentó. Lejos de inhibir el problema, apuntó, se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales, derivado del aumento en el consumo internacional y nacional del cannabis y otras drogas.

Indicó que este tema debe analizarse desde una óptica de salud pública, que establezca el derecho a la autodeterminación y a la salud del consumidor, como ejes rectores.

Dijo que la regulación que emita el Congreso de la Unión -que no significa despenalización o legalización- deberá considerar las lecciones aprendidas de los Estados que han legislado en favor del uso del Cannabis, apostando por el control y la minimización de los riesgos asociados a su consumo.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, señaló que el mayor reto que enfrenta cualquier modelo de regulación es equilibrar el enfoque de salud pública con los intereses comerciales.

Planteó un modelo de regulación responsable y adecuado a la realidad mexicana, que tome en cuenta: proteger la salud de las personas frente a un producto psicoactivo; respetar la autonomía de las personas; promover la información basada en evidencia, sobre etiquetado y condiciones de consumo.

De igual forma proteger de riesgo a la población más vulnerable –niños, niñas y jóvenes- establecer la venta de cannabis en cualquiera de sus presentaciones como un servicio socialmente responsable; y facilitar programas de rehabilitación y tratamiento para todo aquel que lo solicite.

Explicó que la única asociación fatal ligada al uso de cannabis es la relacionada con accidentes automovilísticos, “por lo cual la atención, en su regulación, pudiera estar en este apartado”.

Señaló que no hay duda sobre sus efectos benéficos en el uso médico, principalmente en la analgesia, es decir, el tratamiento de pacientes con dolor crónico. También disminuye la presión intraocular en quienes tienen una patología frecuente (glaucoma) y su efecto anti epiléptico.

A su vez, Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, señaló que es incierto proyectar los resultados de su legalización. No se sabe qué tanto afectará los ingresos de los grupos criminales, ya que los ingresos por venta de marihuana en México, son sólo del 4 por ciento.

Se requiere, además, un observatorio de drogas que dé seguimiento al impacto de las políticas implementadas. Consideró urgente tener un mejor sistema de tratamiento, prevención, reglamentación de centros de tratamiento y políticas de reducción del daño.

Durante el foro también participarán representantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, de México Unido contra la Delincuencia, Padres Activos por la Discapacidad, ProCanna, Familias y Retos Extraordinarios, el Instituto RIA y ReverdeSer.

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