Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

 

Ciudad de México, 5 de abril de 2019

 

 

La evolución democrática de las sociedades se ha dirigido hacia la integración de las comunidades y los ciudadanos, en la toma de decisiones colectivas, en otorgar a la población mayores mecanismos de control y mayor capacidad de exigencia con los funcionarios públicos y los representantes populares.

 

Los presupuestos participativos se han consolidado como una herramienta innovadora en América Latina desde 1989 cuando el Ayuntamiento de Porto Alegre en Brasil, creó e implementó un sistema que hacía del presupuesto municipal un esquema de involucramiento y participación ciudadana, dando a sus habitantes la facultad de decidir de forma democrática la prioridad en el desarrollo de obras de carácter público que atendían los principales problemas de la comunidad.

 

Dada su relevancia y aplicación en distintos países, tanto en las comunidades que nos compete como a nivel internacional, los presupuestos participativos han permitido que la población se mantenga de forma constante en comunicación con las autoridades municipales, desarrollando de esta manera un vínculo estrecho entre ambas partes, sociedad y gobierno, facilitan la gobernanza y las buenas prácticas administrativas respecto al gasto público.

 

La fortaleza de la estructura municipal radica en la efectividad de la aplicación del marco normativo federal, así como en su autonomía, cómo orden de gobierno, garantizando en todo momento la estabilidad económica, social y familiar de los habitantes de cada región, sin embargo, en una era de alto desarrollo tecnológico, destaca la figura de Gobierno Abierto, la cual trae como beneficios propios el surgimiento de una ciudadanía más exigente y más involucrada en los asuntos públicos.

 

Así, distintas organizaciones internacionales establecen que, trascender hacia una estructura de Gobierno Abierto, refuerza tres principios fundamentales: la transparencia, la participación y la colaboración. En conjunto, estos principios contribuyen a detectar y solucionar problemas locales, generar nuevas oportunidades de desarrollo regional y alcanzar metas de beneficio colectivo y de común acuerdo.

 

Por lo tanto, es indispensable impulsar la aplicación del presupuesto participativo como una política pública que por su propia naturaleza genere un involucramiento permanente de la ciudadanía en general sobre la aplicación más eficiente de los recursos públicos municipales disponibles.

 

En un clima de incertidumbre económica, política y social a nivel global, el hecho de permitir que la ciudadanía se involucre de manera directa en el ejercicio del presupuesto público, de forma específica para atender problemas de primera necesidad, solo traerá como resultado el desarrollo de una estructura social participativa que tenga como base sólida la aplicación de procesos democráticos que tome en cuenta la diversidad, pluralidad y características únicas de cada municipio de América Latina.

 

 

 

 

 

DECLARATORIA

BASES SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMO POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN CIUDADANA

 

1. Principales objetivos del Presupuesto Participativo:

 

a. Promover la creación de condiciones económicas, sociales, sostenibles y culturales que mejoren los niveles de vida de la población, fortalezcan sus capacidades, posibilitando acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de pertenencia y las relaciones de confianza;

 

b. Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados; y,

 

c. Reforzar la relación entre el Estado y la ciudadanía, en el marco de un ejercicio de involucramiento que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia, representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.

 

2. Las sociedades tienen ahora un perfil más competitivo, plural y diversificado que se intensifica de manera continua en un mundo con exigencias más complejas para ser gobernado.

 

3. El presupuesto participativo es una de las herramientas de democracia directa en la gestión local se basa en la cogestión y codecisión entre los diferentes ámbitos de gobierno locales y la ciudadanía, así pues, al hablar de Presupuesto Participativo, hablamos de la democratización de la gestión pública.

 

4. El presupuesto participativo es una herramienta que han adoptado los estados democráticos en Latinoamérica y el Caribe, que tiene diversas funciones que a su vez fortalecen y promueven la democracia directa a través de la participación de la comunidad en los distintos ámbitos de gobierno locales.

 

También, fomentan la cohesión social, identifican las necesidades sociales, atienden las problemáticas comunitarias, procuran la transparencia y la rendición de cuentas y dan a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre su entorno, su comunidad de manera directa, dando a su vez mayor legitimidad a los diferentes ámbitos de gobierno locales en turno.

 

5. Es necesario entender el presupuesto participativo como una política pública de carácter vinculatorio de la democracia participativa que se presenta como medio efectivo para reforzar y legitimar las instituciones democráticas.

 

6. Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el funcionamiento del presupuesto participativo es que, para la eficiente participación de la sociedad civil en las decisiones públicas se requiere no sólo de un adecuado arreglo institucional y jurídico y de una adecuada voluntad política de las autoridades, sino, también, de una mejora en las capacidades técnicas del personal municipal y de la burocracia en general.

 

 

Para el seguimiento y cumplimiento de estos propósitos, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se compromete a promover:

 

1. Líneas directas de comunicación con los diferentes ámbitos de gobierno locales, que permitan la identificación en menor tiempo de los principales problemas de la localidad, de manera constante y permanente.

 

2. Lineamientos que faciliten, promuevan y transparenten el uso y asignación del presupuesto participativo de cada municipio, favoreciendo la construcción de propuestas eficientes en la resolución de problemas locales.

 

3. Mecanismos de capacitación a la ciudadanía para el control efectivo, respecto a la identificación de problemas y construcción de propuestas de solución que sean de beneficio común y aplicables a través de los presupuestos participativos.

 

4. El desarrollo económico y social de los municipios a través del ejercicio libre, transparente, democrático y de rendición de cuentas del presupuesto participativo, mediante la elección de obras públicas que mejoren el desempeño de los mercados locales.