Número-1629
- Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con el mayor número de estas víctimas.
El Senado de la República exhortó a las Secretarías de Gobernación, y de Protección y Participación Ciudadana, para que otorguen ayuda de alimentación y alojamiento a las víctimas de desplazamientos internos por delitos federales en los estados donde se presentan altos índices de inseguridad.
Además, se incluyó una recomendación al titular del Ejecutivo de Guerrero, a aplicar los protocolos necesarios para prevenir el desplazamiento forzado interno en dicha entidad. También fue solicitado un informe sobre el presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia, desde su creación hasta noviembre de 2018.
Cabe señalar que el desplazamiento forzado interno es una práctica generalizada. En 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo, impactando en al menos 23 mil 169 personas, y 12 entidades: Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En Guerrero, por ejemplo, las regiones de Tierra Caliente, Zona Norte, Centro, parte de la Costa Grande y Acapulco, han incrementado el número de casos de desplazamiento forzado de familias, amenazadas por grupos de la delincuencia organizada.
La mayoría de los desplazados son niños, mujeres y adultos mayores de los municipios de Leonardo Bravo, Apaxtla, Técpan, Coyuca de Catalán, Tlaltempanapa y Ayutla, debido a un problema generado por la lucha de territorios entre grupos rivales de grupos del crimen organizado.
Al presentar el dictamen, el senador Samuel García Sepúlveda, de MC, subrayó que dicho fenómeno ha vulnerado los derechos de las personas porque tienen que abandonar sus lugares de residencia.
El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, del PRI, llamó a continuar con la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad, atender las consecuencias de la violencia y a las víctimas de delitos.
La senadora Nestora Salgado García, de Morena, afirmó que es urgente adoptar una política nacional al respecto y establecer medidas que atiendan las causas y consecuencias de dicho fenómeno, dado que en diversos estados las autoridades evaden sus responsabilidades.