Número-1257

• Estudios estiman que habría hasta ocho millones de víctimas.

Representantes de organizaciones civiles, junto con el senador Emilio Álvarez Icaza, reiteraron la necesidad de que se reconozca, de manera oficial, el desplazamiento interno forzado en México, a fin de que se diseñe una política pública para atender a las víctimas y se impida la violación “estructural” de los derechos humanos.

Álvarez Icaza consideró que este fenómeno -provocado, entre otros factores, por la delincuencia y la violencia- es una de las realidades que el nuevo gobierno debe asumir en su agenda.

En la presentación del estudio “Entre la invisibilidad y el abandono, un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México”, el senador independiente consideró que en la medida en que nuestro país no acepte esta tragedia, “se van reproduciendo cadenas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, de manera estructural”.

Señaló que se trata de una de las crisis humanitarias invisibilizadas en nuestro país, que afectan a miles de familias que tienen que dejar su casa, trabajo y escuela por la violencia.

El legislador dio a conocer que ya se trabaja en una iniciativa de ley sobre la materia, donde participa la relatora especial sobre desplazamiento interno de la Organización de Naciones Unidas.

Dijo que también se insistirá en la pertinencia de que el gobierno acepte una visita oficial de dicha relatora, así como las recomendaciones que ayuden a atender el problema.

José Antonio Guevara Bermúdez, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que no hay un diagnóstico sobre el fenómeno y las estadísticas que existen “no nos permiten tener certeza de su dimensión.

Dijo que el análisis de tres encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -que incluyen preguntas relacionadas con el tema-, dan cuenta de un rango amplio de personas en esta condición, aunque difieren los números.

El análisis de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, agregó, estima que “alrededor de ocho millones 726 mil 375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia entre 2011 y 2017”.

“Es una cifra escandalosa. Debiera obligar a las instituciones del Estado a clarificar de qué tipo de desplazamiento se trata”, asentó.

En tanto, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica permitieron estimar a 185 mil 936 personas que migraron internamente por motivos de inseguridad pública o violencia, de 2009 a 2014. Por su parte, la información proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica la existencia de 206 mil 965 víctimas entre 2006 y el primer semestre del 2018.

Brenda Pérez, directora de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que gran parte del desplazamiento forzado ocurrió en municipios y localidades donde se realizaron acciones contra el narcotráfico.

Casi el 40 por ciento de estos desplazados en 2011, dijo, afirmaron que hubo este tipo de acciones en su municipio.

Entre otros datos, agregó que los estados con el mayor número de personas expulsadas son Tamaulipas, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Veracruz. Además, 54 por ciento de las personas que se mudaron a otro estado a causa de la inseguridad pública o la violencia, entre 2009 y 2014, fueron mujeres; y los niños de 5 a 14 años, así como los adultos de 35 a 39 años son mayormente afectados.