Número-1103

• En casos de corrupción, ni persecución, ni ocultamiento, ni encubrimiento, asentó.

En su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, Alejandro Gertz Manero hizo un llamado a romper con el círculo vicioso de un sistema de procuración e impartición de justicia diseñado para servir al poder y no a la ciudadanía.

Gertz Manero dio respuesta a las preguntas que senadores de los diversos grupos parlamentarios enviaron a los candidatos por anticipado, como parte del procedimiento para la designación del Fiscal General de la República (FGR).

Ahí se pronunció por romper con el monopolio de la acción penal, “que nos quita el derecho a defendernos”. Una de las tareas fundamentales del Ministerio Público, asentó, es que las víctimas y ofendidos tengan acceso a todo el procedimiento judicial, desde la carpeta de investigación hasta sentencia.

Consideró que, si no hay una verdadera rendición de cuentas de peritos, agentes y fiscales “no vamos a cambiar esta situación” que enfrenta el país.

El abogado explicó que la autonomía del Fiscal o el Ministerio Publico se garantiza con el cumplimiento de la ley. Cuando se salga de su marco jurídico y pierda contacto con la estructura para obedecer a otro tipo de presiones, acotó, ahí se perderá dicha autonomía.

Asentó que con un sistema de justicia transparente, “la imparcialidad se tiene que dar por fuerza y la parcialidad se va a notar inmediatamente en la secrecía, en la falta de información”.

El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, destacó que uno de los retos para transformar a México es garantizar la justicia a los ciudadanos. Dijo que si existen pruebas y elementos se tiene que detener a los “peces gordos”, ya sea por casos de corrupción o delincuencia organizada.

A nombre del PAN, la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz comentó que es indispensable que las fiscalías especializadas no queden “atrapadas” por un militante de un partido político, por lo que es necesario que la designación de sus titulares se lleve a cabo con la participación de la sociedad civil.

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez dijo que el PRI dará su voto de confianza al nuevo Fiscal de la República, pero “demandamos que nuestra soberana decisión se honre con una trabajo profesional, eficaz e imparcial a favor de México”.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda preguntó a Alejandro Gertz si está dispuesto a impulsar la paridad de género en las cuatro fiscalías especializadas en materia de anticorrupción, delitos electorales, asuntos internos y derechos humanos, que formarán parte de la FGR.

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, senadora del PT, expresó que México “no es un país de delincuentes, sino de víctimas”. Por ello, agregó, es fundamental que se resuelvan casos de corrupción e impunidad como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, la “Estafa Maestra” u Odebrecht.

La senadora Leonor Noyola Cervantes, del PRD, enfatizó que a esta Fiscalía le corresponderán las tareas para garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de las mujeres. ¿Cuál es su plan de trabajo en este sentido?, cuestionó.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria coincidió en que la atención a las víctimas es la principal deuda del Estado mexicano en materia de procuración e impartición de justicia. Ése, advirtió, es uno de los factores que provocan el descrédito del Ministerio Público.

En su respuesta, Alejandro Gertz Manero acotó que “no debe haber un solo caso de corrupción que no se conozca a plenitud, ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento más”.

En necesario que la verdad se conozca de buena fe, con claridad y, sobre todo, con la participación de las víctimas y los ofendidos. “No hay mejor coadyuvancia que esa. No se genera mayor legitimidad que cuando la víctima y el ofendido acompañan al instrumento de la justicia. Ya no hay regreso. Lo que ya se hizo no se puede repetir”.

Manifestó que “es muy vergonzoso para nuestro país tener que andar pidiendo perdón” cada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que en algún caso “ocultamos las pruebas, los hechos y la verdad para defender al poder. Eso es inadmisible”.