Número-817

• El proyecto de decreto crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.

Integrantes de las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen a la minuta que envió la Cámara de Diputados, que expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El proyecto del crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa.

El objetivo de ese organismo es definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de estas comunidades, así como su desarrollo integral, sostenible, fortaleciendo sus culturas e identidades.

El dictamen que también abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, precisa que el Instituto reconoce a los pueblos y comunidades originarias y afromexicanas como sujetos de derecho público.

Entre sus atribuciones y funciones estará definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas; aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen las dependencias, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género.

Se crean Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las comunidades, para promover y ejecutar las medidas pertinentes y necesarias para la defensa e implementación de los derechos, así como su desarrollo integral y sostenible.

El Instituto participará con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de proyectos de presupuesto consolidados para los pueblos indígenas; así como gestionar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los recursos presupuestales para garantizar el reconocimiento e implementación de sus derechos y desarrollo integral, intercultural y sostenible.

La ley tiene entre sus objetivos garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, susceptibles de afectarles.

El Instituto será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos.

La presidenta de la Comisión, María Leonor Noyola Cervantes, reconoció que la ley establece en algunas disposiciones que las consultas a los pueblos indígenas deben ser obligatorias y previas; no obstante, no se incluye que los resultados de éstas sean vinculantes.

Ante ello, la senadora del PRD propuso incorporar en el proyecto el carácter vinculatorio de los resultados. Consultar a los pueblos indígenas, subrayó, implica que su opinión sea tomada en cuenta.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz expresó que esta ley representa avances muy importantes para los pueblos y comunidades indígenas, y destacó la implementación de un mecanismo que hace posible que todas las dependencias del Gobierno Federal atiendan a las comunidades de manera transversal.

En tanto, el senador Salomón Jara Cruz, de Morena, aseguró que la minuta amplía las atribuciones del Instituto, a efecto de que se garantice y promueva plenamente el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Por su parte, la senadora del PT, Nancy De la Sierra Arámburo, dijo que debe hacerse un exhorto presupuestal a la Cámara de Diputados para que los recursos favorezcan de manera efectiva a las comunidades originarias, “porque lo que no se ve en la nómina, no se va a ver reflejado en el país”.

A su vez, la senadora del PRI, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado manifestó que debe insistirse para que en el decreto de Presupuesto 2019, se obligue a todas las dependencias del gobierno a darle al Instituto recursos de transversalidad. “Estaremos luchando para que se garantice el presupuesto que se tenía antes”.

El senador del PAN, Marco Antonio Gama Basarte, dijo que esta ley salda una deuda histórica con los pueblos y comunidades originarios y afromexicanos. “Es un gran avance normativo que impulsará un mejor desarrollo para la calidad de vida de estos grupos vulnerables”.

De Morena, el senador Casimiro Méndez destacó que esta ley da un respaldo económico a los pueblos originarios pues impulsa economías locales, permite la suficiencia de recursos, fomenta la creación de empleos, incorpora tecnologías para fortalecer su capacidad productiva, así como asegura el acceso equitativo a los sistemas de abasto y financiamiento.

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