Número-758

• Urgente, romper inercias de tiempos pasados y adecuar leyes y prácticas sociales a la más reciente evidencia científica.
   

Debido a que la reproducción humana asistida tiene cada vez mayor demanda, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para regular esta actividad en México que incluye prisión de hasta 17 años a quienes la realicen ilegalmente.

La propuesta que modifica la Ley General de Salud prevé una pena privativa de la libertad de 3 a 8 años a quien realice técnicas de reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento y castigo a quienes promuevan o faciliten la obtención ilegal de embriones y gametos.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena explicó que con estas modificaciones también, se prohíbe cualquier tipo de práctica eugenésica (buen nacimiento), clonación reproductiva, utilización de embriones con fines de experimentación, selección del sexo -salvo en casos para evitar una enfermedad hereditaria grave, vinculada al género-, así como la implantación de más de tres embriones.

En la iniciativa se establece que se sancionará a quién de manera ilegal, obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, gametos relativos en la reproducción asistida, embriones, cadáveres o fetos de seres humano.

Sánchez Cordero mencionó que según datos obtenidos por el Grupo de Reproducción Elegida, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), reconocía que en 2013 existían en México 52 establecimientos autorizados  para aplicar técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, otros datos señalan que operan más de 100 locales que realizan esta actividad.

Ante esto, su propuesta establece que la Secretaría de Salud contará con un Registro Nacional de Reproducción Asistida cuyo funcionamiento estará sujeto a las disposiciones generales que para tal efecto emita dicha dependencia.

El documento indica que una vez aprobada la propuesta correrán 120 días  de plazo contados a partir de su entrada en vigor. Para que todas las instituciones que brinden servicios y unidades autorizadas de reproducción asistida comunicarán a las autoridades sanitarias el número total de embriones que mantengan.

El Ejecutivo Federal contará con un plazo no mayor a 180 días contados a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, para emitir las disposiciones reglamentarias del presente decreto.

La legisladora destacó que es urgente romper la inercia de tiempos pasados y adecuar nuestras leyes y prácticas sociales a la más reciente evidencia científica sin descuidar los derechos humanos.   

En México, la reproducción asistida ocupa el tercer lugar del turismo médico con poca o nula regulación del Estado al respecto. Tan sólo en el  2013 se llevaron a cabo más de 82 mil procedimientos en 52 clínicas  de fertilidad autorizadas, pero existe evidencia de establecimientos que actúan de manera clandestina y son operados por personas que no tienen los conocimientos requeridos para estos tratamientos lo que pone en riesgo a los pacientes, señaló.

A la propuesta se sumaron los Grupos Parlamentarios de Morena, PRI, PRD, PT, MC y PES y se turnó a las Comisiones de Salud, Estudios Legislativos y de Derechos de la niñez y la adolescencia. 

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