Número-745

• Es una medida anacrónica; va contra la presunción de inocencia.
• No asegura eficiente investigación, condena del imputado, ni reparación del daño. 

La Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el colectivo Justicia sin Pretextos instaron al Senado de la República a derogar la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución porque viola los derechos humanos, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.

En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Alán García Campos, señaló que ambas figuras son enclaves inquisitivos anacrónicos, propios de una época que debe ser superada.

Invitó a la Comisión de Puntos Constitucionales a que lejos de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa compulsiva -“previstos, malamente en la Constitución- elimine esa figura perniciosa; ese lunar jurídico contrario a las obligaciones del Estado  mexicano, desde el orden internacional”.

Argumentó que la medida trastoca y corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial y constituye una salida falsa que atenta contra los principios de seguridad ciudadana. 

Para la eliminación del arraigo y la prisión preventiva, dijo, cuenten con el apoyo, asesoría, asistencia y la cooperación del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

A su vez, Gabriela Ortiz y Javier Carrasco, representantes del colectivo Justicia sin Pretextos, coincidieron en que la prisión preventiva oficiosa no es una herramienta que asegure una eficiente investigación criminal, condena del imputado, ni la reparación del daño a la víctima.

Consideraron que México debe robustecer y fortalecer las estrategias de investigación criminal, contar con fiscalías eficientes independientes, y con fiscales evaluados y capacitados que hagan investigaciones.

Afirmaron que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa no son las únicas formas de atender la delincuencia, pero sí representan una condena anticipada y una detención sin investigación. La aplicación de las medidas vaticinó “no van a funcionar para eliminar la delincuencia, por el contrario van a criminalizar aún más la pobreza”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Ramírez Aguilar, agradeció el planteamiento, y dijo que serán analizados para desarraigarlos de la Constitución.

El senador José Narro Céspedes, de Morena, comentó que en algunos casos se justifica su aplicación, especialmente, en delitos reiterados o cuando representan un peligro para la sociedad, no obstante reconoció que se ha abusado la prisión preventiva.

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